La Asociación de Promotores Turísticos de Dénia ha confirmado, tras reunión con sus abogados, lo que ya señalaba días atrás (en convocatoria con sus asociados) que emprenderá acciones legales y penales contra el Plan General Estructural de la capital comarcal, aprobado inicialmente en pleno extraordinario de sesión 6 de abril, con los votos nominativos de los 12 concejales del PSPV-PSOE que conforman el equipo de gobierno.
Reproducimos a continuación el comunicado de prensa remitido por la propia asociación:
«Como continuación, después de la convocatoria de fecha 19 de los corrientes, de la actividad de la APTD, para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados, en este momento centrada, de manera especial, en la actividad judicial a la que nos hemos visto obligados a recurrir, informamos a la opinión pública de ello.
Pues bien, como se acordó – estudio y posible interposición de acciones civiles, vía contencioso-administrativa, incluso acciones penales – esta misma semana hemos mantenido una reunión con los Abogados de la Asociación, se les ha expuesto el problema con rigor y detalle, y, después, de un largo cambio de impresiones, se llegó a las siguientes conclusiones:
– Continuar, obviamente, con el recurso contencioso-administrativo planteado, admitido a trámite y en tramitación, interpuesto contra la GUIA, normativa urbanística aplicable en este momento en el municipio, tras la anulación de las NUT.
– Proceder a la interposición de un nuevo recurso contencioso-administrativo de nulidad, contra distintos actos y resoluciones adoptados contrarios, entendemos a derecho, tanto por la Conselleria, como por el Ayuntamiento con un minucioso estudio de las posibles causas de nulidad en la redacción y tramitación del PGE que se plasmarán en los procesos judiciales a interponer.
– Y, por otra parte, estudiada con rigor la posibilidad del ejercicio de acciones penales, se confirma su viabilidad, acciones que se ejercitarán contra todos aquellos políticos y/o funcionarios, tanto de la Conselleria, como del Ayuntamiento que sean responsables de adoptar resoluciones presuntamente contrarias a derecho y, de manera especial, por el acuerdo adoptado en el último pleno, con la “aprobación provisional de la versión definitiva 2023 del PGE, con los once votos a favor del grupo municipal del PSOE, en votación nominal, para su remisión a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat para su aprobación definitiva y con la inclusión, – conocedores del informe en contra de su inclusión de los Servicios Jurídicos y Técnicos del Ayuntamiento- de la cláusula de la asunción de responsabilidades patrimoniales en su totalidad por parte del Ayuntamiento, clausula gravemente lesiva para el interés general por las importantes indemnizaciones que puedan generarse y que han de soportar todos los contribuyentes dianenses. Dicha norma se incluye a requerimiento del Director General de Urbanismo, como requisito para la aprobación definitiva del texto por la Comisión Territorial.
Manifestar, que esta Asociación vela exclusivamente en materia urbanística, en defensa del interés general de la ciudadanía y de sus asociados, con un tratamiento objetivo de los temas, sin personalismos, ni intereses particulares, conforme a los establecido en sus Estatutos y a la voluntad de sus asociados, actuando con rigor y libertad y con la firme voluntad de parar tanto despropósito continuado con esa actitud, especialmente del Equipo de Gobierno, de persecución manifiesta en la legitima actividad urbanística, área muy importante para la economía local y que afecta, de alguna manera, a la mayoría de la población activa.
Por otra parte, parece no existe, al menos que tengamos noticias, reacción alguna del Ayuntamiento ni de la Generalitat, para enmendar, de alguna manera, esa situación caótica de inseguridad que han originado en el planeamiento urbanístico en el municipio, sin que pueda penalizarse a los particulares por una mala gestión del Ayuntamiento y que, en modo alguno se les puede achacar, situación que conoce y que ha consentido a lo largo de estos años, la Dirección General de Urbanismo de la Conselleria, no exenta, por tanto, de responsabilidad directa, incluso en ocasiones, con dejación de funciones en el ejercicio de sus competencias, al no fiscalizar más la intervención local en materia urbanística por parte de la administración autónoma, como es su obligación por norma. Y, obviamente, con una carga política manifiesta, anteponiendo sus intereses partidistas al interés común. Al parecer, su intención es seguir con su “hoja de ruta”, con el objetivo de la aprobación del texto del PGE antes del 28.M.
Agradecer, por último, el apoyo de un sector mayoritario de la población en el ejercicio de estas actuaciones y que afectan directamente al sector inmobiliario, de construcción y de gestión de suelo y del que se derivan múltiples actividades económicas en el tejido empresarial de Denia y la Comarca, con invitación a participar o sugerir cualquier iniciativa».
