Tal y como estaba previsto, la mayoría absoluta del equipo de gobierno de Dénia, PSPV-PSOE y Compromís, ha sacado adelante tanto la subida del recibo del agua (8,6%) como del IBI (10%), para 2024; en el pleno extraordinario, celebrado esta mañana. Ambos puntos han contado con el voto en contra de los dos grupos de la oposición presentes: Partido Popular y Gent de Dénia.
Agua
Respecto a la revisión de la tarifa de suministro de agua, el portavoz de Gent de Dénia, Mario Vidal ha denunciado que la subida es mayor del 8,6% que señala el ejecutivo local. Según los cálculos de Vidal, el recibo subirá 3 euros para aquellas viviendas sin consumo; y 10 euros para aquellas viviendas con un consumo medio. A lo que se suma el importe aplazado del canon de la Generalitat Valenciana «que quitaron en pandemia», lo que eleva, según el concejal independiente a una media de entre 22 y 25 euros el recibo «en una vivienda normal en el pueblo», por lo que el «incremento es superior», indica al 8,6% señalado por el ejecutivo. Ante esta subida, el edil ha solicitado que se realizara de forma gradual.
Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP critica que ya hubo déficit el año pasado y no se repercutió en el bolsillo del contribuyente, sino que lo asumió la empresa, preguntándose si algo tenía que ver que fuera año electoral. Pepa Font también se ha unido a la propuesta de Vidal de repercutir la subida de forma gradual. Font ha rechazado «cargar al bolsillo de los dianenses dos subidas de ese estilo» (en referencia a la del agua y la del IBI), motivo por el cual ha justificado el voto en contra de su partido. La portavoz popular ha criticado que las dos subidas supongan un 20% de incremento para los bolsillos de los vecinos, y ha apuntado que políticamente se tiene que buscar o plantearse otra forma de gestionar porque «creemos que los bolsillos de los ciudadanos no lo pueden soportar».
A los datos facilitados por Vidal, el concejal de Hacienda, Paco Roselló ha incidido en que no es tal la subida. Ha detallado que para un consumo de 10 metros cúbicos, el recibo pasaría de 46 a 49 euros; mientras que para un consumo de 50 metros cúbicos, de 136 a 143 euros. Ante la propuesta de aplicarla de forma gradual, Roselló ha explicado que no se puede porque «estamos ante una concesión y tiene que tener su equilibrio presupuestario y no se puede dejar a varios años». También se ha dirigido a la portavoz popular, recriminando que en el Consell d’Aigües votara a favor, y ahora en el pleno, en contra.
Ordenanzas fiscales
En cuanto a la modificación de las ordenanzas fiscales, entre otras se incluye la subida del IBI, en un 10%, pasando de un coeficiente del 0,95 al 1,05%. Y, por otro lado, la aplicación del recargo a viviendas desocupadas, que puede llegar al 100%, según palabras de Roselló.
Sobre este punto, Vidal ha indicado que «no nos lo acabamos de creer». En cuanto la justificación dada por el gobierno local de esta subida para equilibrar las cuentas (ya que se prevé un descenso en la recaudación de la plusvalía, en licencias urbanísticas, se incluye un déficit de 600.000 euros del servicio de transporte urbano y el nuevo impuesto por vertidos), para Vidal es más bien para hacer frente a la subida en el número de concejales liberados (pasando de 6 a 9), además de otros motivos económicos. El portavoz independiente ha señalado que otros Ayuntamientos están bajando tanto el IBI como otras tasas, como las de la basura, preguntándose «¿qué hemos hecho mal?» y «¿por qué no se bajan los gastos y no se suben los impuestos?».
Por su parte, el concejal de temas económicos del Partido Popular, José Antonio Cristóbal ha recalcado para finalizar que “no se ha planteado ni siquiera un plan de incentivos que logre incrementar la recaudación a través de un mayor desarrollo económico en la ciudad, pero eso es gestionar»; sino que el equipo de gobierno ha ido a lo fácil, «a subir los impuestos», a su «afán recaudatorio sin tener en cuenta la situación socioeconómica que vivimos».
En cuanto al recargo en la viviendas desocupadas, Cristóbal ha criticado que se trata de una «doble imposición», porque ya se está aplicando a nivel autonómico y ahora el «equipo de gobierno quiere recargar otro impuesto sobre lo mismo».
Roselló ha vuelto a justificar esta subida para hacer frente al descenso en la recaudación de la plusvalía, así como en licencias urbanísticas, el déficit del servicio de transporte público urbano, y el nuevo impuesto de vertidos, que se eleva a 3 millones de euros que dejarán de ingresarse, frente a una recaudación prevista de 2,3 millones de euros. Asimismo, el concejal de Hacienda ha recordado que en 2018 se bajó el IBI del 1,05 al 0,85%.
El debate por este tema lo ha cerrado el alcalde, Vicent Grimalt recordando al grupo municipal popular que en 2012, en plena crisis y bajo su gobierno municipal, se subió el IBI un 28%.
