Compromís denuncia impagos del PP y Vox a entidades que gestionan centros de acogida de víctimas de violencia de género.
En concreto, la coalición valencianista constata que la Fundación que gestiona el centro de acogida de víctimas de la Marina Alta lleva seis meses sin cobrar de la Conselleria de Servicios Sociales.
Con este motivo, los diputados en Les Corts, Verònica Ruiz y Gerard Fullana se han reunido con el alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús para analizar este «caso flagrante de seis meses de impago a la Fundación».
Ruiz asevera que “es indecente y atenta contra los derechos humanos que la consellera Camarero abandone víctimas y no cubra las nóminas del personal de un servicio esencial de protección a mujeres y menores”.
Pero además, la portavoz de Igualdad de Compromís en Les Corts señala que tienen indicios de que «no es el único caso y que es una mala praxis generalizada y una falta absoluta de gestión del Gobierno de Mazón«. Ante esta situación, añade, la formación ha requerido a la consellera Susana Camarero «abundante documentación al respecto y nos tendrá que dar explicaciones» ya que «tememos que sean una veintena las entidades en la misma situación a lo largo del País Valenciano”.
Ferrús ha explicitado que “llevamos meses intentando que nos contesten a nuestra petición o que se reúnan con nosotros y lo único que tenemos es un escrito del Comisionado para la Lucha Contra la Violencia sobre las Mujeres, de septiembre pasado, en que nos pide que continuemos con el servicio hasta que activen la prórroga del convenio. ¿Y qué hacemos con todas las personas que trabajan cada día y que corren el peligro de no cobrar por culpa de que el PP y Vox no gestionan como toca un servicio que les corresponde pagar y que es tan esencial?”
El alcalde de Pedreguer se refiere a un documento firmado por el Comisionado Felipe Guillermo Del Baño, donde dice textualmente: “Informamos que no ha sido posible, hasta este momento, la formalización de un nuevo acuerdo antes de la finalización del período de prórroga, al encontrarse en tramitación el expediente para una nueva convocatoria en el momento de mi incorporación como Comisionado a finales del mes de julio. Dado que el vencimiento de la prórroga del acuerdo de acción concertada estaba previsto para el día 31 de agosto de 2023 y que continúa siendo necesaria la continuidad del funcionamiento de las plazas concertadas del centro, ya que la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, órgano competente para la prestación de este servicio, no dispone de suficientes plazas para la atención integral de mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas que las acompañan, por las razones de interés general expuestas, es conveniente la continuación del servicio que viene prestando en las mismas condiciones a las actuales hasta que se formalice el nuevo concierto”.
En el caso al que se apunta, se trata de una cantidad económica que llega a los casi 235.000 euros de ingresos entre septiembre y febrero.
Ruiz ha explicado que “Carlos Mazón está poniendo gravemente en riesgo la seguridad de unas mujeres y sus hijos que son muy vulnerables. También el peligro laboral del personal que se encarga del servicio y la atención, que están en una situación de incerteza y precariedad laboral total”.
“Ni permitiremos que se cierre un servicio básico como este en la comarca, ni que las personas que trabajan pierdan su puesto de trabajo. Están cobrando de los ahorros de la Fundación y se están acabando. Llegaremos hasta donde haga falta y si tienen que ser en los tribunales, allí nos verán”, ha advertido Fullana.
