El Partido Popular de Dénia carga contra el equipo de gobierno tras registrar en el ayuntamiento una solicitud de informes sobre el Plan Parcial Campusos-Sant Joan.
Un procedimiento del año 1977 que, aseguran desde el grupo popular, «nada tiene que ver con la legislación actual y genera inseguridad jurídica a los propietarios». En concreto, se refieren al punto 13 del orden del día del Pleno Ordinario que se celebrará el próximo jueves. Este punto trata sobre la “Iniciación del procedimiento para la resolución de la adjudicación de condición de promotores del Plan Parcial Campusos-Sant Joan».
Según Carlos Barona, concejal del Partido Popular encargado de asuntos urbanísticos, “entendemos desde el Partido Popular, que el PGE 2023 no puede resucitar Planes Parciales caducos del año 1977, ya que va en contra del medio ambiente y de la sostenibilidad económica municipal». Barona asegura que «el PGE 2023 infringe lo contenido en la declaración del Parque Natural del Montgó de 1987. Un decreto, el del Parque Natural, que derogaba todos los planes anteriores que tuvieran afecciones sobre el Montgó y los dejaba sin efecto”.
También ha señalado que «iniciar este tipo de procedimientos sobre Planes caducos y derogados, es darles carta de naturaleza y asumirlos por parte del Ayuntamiento, debiendo asumir todas esas futuras indemnizaciones que surjan por esta iniciativa».
El concejal Popular ha remarcado que «en todos los anteriores documentos urbanísticos que han pasado por la ciudad, estos Planes Parciales eran eliminados, ya que la ordenación del Parque Natural del Montgó es norma superior. Asumir que existen vivienda en zonas verdes, viales inacabados o servicios inexistentes, significa que los bolsillos de todos los ciudadanos deberán asumir las posibles indemnizaciones, terminar los viales y servicios de la zona».
«Un descalabro económico»
Por otro lado, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Dénia Pepa Font, ha insistido en que “no podemos seguir cargando a los vecinos de Dénia, malas decisiones urbanísticas. El descalabro económico que le podría suponer al Ayuntamiento esta decisión podría llevarlo a la quiebra técnica».
Además, la popular asegura que «por ese motivo hemos solicitado sendos informes, uno del Secretario Municipal y otro del Interventor para valorar debidamente las consecuencias jurídicas y económicas de esta decisión, dejando este punto del Pleno sobre la mesa, hasta que estén emitidos dichos informes».
