La Escoleta infantil ha captado la atención de la sesión plenaria celebrada este jueves 28 de marzo en Dénia. Lo hace tras conocerse, en anteriores sesiones, un caso de presunto acoso laboral por parte de la empresa concesionaria a varias empleadas del centro.
Actualmente, cuatro de las seis trabajadoras han presentado una consecuente denuncia y por parte del Ayuntamiento de Dénia se han realizado una serie de controles de protocolos para comprobar si se han estado incumpliendo a nivel técnico alguna de las condiciones. Tras dichos controles, se ha decidido prorrogar la concesión dos años más aún teniendo las causas judiciales abiertas.
Cruce de opiniones entre oposición y equipo de gobierno
Sobre la materia, desde la oposición y en especial desde la bancada del Partido Popular han manifestado su descontento. “Debido a ese ambiente laboral dentro de la empresa concesionaria, no queremos que se prorrogue el contrato y que se vuelva a licitar con nuevos pliegos; hay cuatro denuncias por acoso laboral de las seis empleadas que hay en la Escoleta”, remarcó el popular Carlos Barona.
Por su parte, la concejala de Educación, Melani Ivars explicó la decisión del equipo de gobierno: “Estamos encima de la empresa y están cumpliendo los protocolos que deben respetar y sobre la situación de las trabajadoras, ya existen unas denuncias y será el juez el que dictamine, no nosotros”.
Además, la socialista apuntó que en caso de licitar de nuevo, «las empleadas mantienen su condición de subrogadas, así que el problema persistiría dentro de su empresa actual». Este fue uno de los momentos más tensos, las trabajadoras del centro, presentes en la sesión plenaria, levantaron la voz para discutir a Ivars, pidiendo la palabra y así exponer su caso. Sin embargo, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, quiso poner calma y orden, evitando que se expresaran por parte del público presente, a lo que las denunciantes espetaron con rabia «gracias por la ayuda».
Recogiendo el testigo, Barona repitió que si la prórroga no es obligatoria, con denuncias interpuestas, «lo lógico sería no hacerlo y licitar de nuevo el servicio». Además, en el bloque de ruegos y preguntas, el popular volvió a pedir al alcalde que le concediese a las asistentes un turno de palabra, a pesar de no haber presentado de manera oficial y como dictamina el protocolo, por registro de entrada previo su cuestión. Fue entonces cuando Javier Scotto, por parte del equipo de gobierno puntualizó que «se tratan de acusaciones muy graves y que este equipo de gobierno no las hace propias».
Finalmente, Grimalt se negó a dar paso a las denunciantes durante la sesión pero insistió en que tras finalizar el pleno, escucharían sus reclamaciones. Además, los socialistas apuntaron que ya se habían reunido con las afectadas durante la semana para conocer de cerca el caso.
