El Ayuntamiento de Alcalali aprobó el pasado 14 de marzo una ordenanza municipal destinada a regular el acceso a parcelas o locales habilitados como garajes o cocheras, estableciendo nuevas tasas que generaron controversia en el municipio. La aprobación se produjo por mayoría simple, con los votos favorables de los cuatro concejales de Compromís, sobre un total de nueve ediles.
Falta de información y transparencia
Desde la aprobación inicial de esta normativa, la falta de transparencia fue el principal motivo de queja entre los vecinos y la oposición política. Según las denuncias formuladas, nadie en Alcalali, aparte de los concejales de Compromís, tenía conocimiento previo de esta medida. Además, la convocatoria del pleno se realizó únicamente tres días antes y en una franja horaria en la que la oposición no pudo asistir.
Los concejales de la oposición cuestionaron también la eficacia de los trámites obligatorios de publicidad que deberían garantizar el conocimiento ciudadano de una ordenanza de esta magnitud. El vídeo del pleno, otro elemento fundamental para informar a los vecinos, fue publicado por el ayuntamiento con casi dos semanas de retraso en su canal oficial de YouTube.
Movilización ciudadana
Los concejales del PP reaccionaron presentando unas alegaciones modelo para facilitar la participación vecinal. Las difundieron a través de redes sociales como Facebook y grupos de WhatsApp, además de distribuirlas impresas, dado que solo contaban con 30 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para presentar objeciones.
El efecto fue inmediato: numerosos vecinos, tanto españoles como extranjeros residentes, se presentaron de manera masiva y constante en el ayuntamiento para entregar personalmente sus alegaciones.
Cesión por presión popular
Finalmente, debido al gran volumen de alegaciones recibidas y la evidente presión ciudadana, la alcaldesa se vio obligada a rectificar su postura inicial. El 9 de abril, mediante un comunicado oficial, anunció que «su equipo de gobierno no va a aprobar la Ordenanza».
Esta rectificación fue interpretada en la localidad como una respuesta al descontento generalizado y como una medida estratégica motivada por consideraciones electorales.
