El pleno del Ayuntamiento de Calp dio ayer luz verde al inicio de la tramitación para la modificación de varios sectores urbanísticos, con el objetivo de transformarlos en zona verde y suelo dotacional. Con el respaldo de los grupos Somos Calpe, PSPV-PSOE y Compromís, y la oposición de Defendamos Calpe, el acuerdo marcará un antes y un después en el desarrollo urbano de la ciudad.
Esta medida afectará a los sectores Garduix I y II, Pla Feliu I y II y Ráfol I y II, que comprenden más de 350.000 m². De estos, 208.000 m² se destinarán a zonas verdes, mientras que 144.000 m² se dedicarán a espacios educativos, deportivos y recreativos. Estos terrenos, que ya figuraban en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 como urbanizables, llevaban más de 27 años sin programarse, lo que abre la puerta a su desclasificación y posterior recalificación.
La tramitación continúa en manos de la Generalitat
Una vez aprobado el inicio del proceso, el expediente será remitido a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana, quien continuará con la tramitación. El Ayuntamiento de Calp ha previsto adquirir estos terrenos mediante expropiación, indemnizando a los propietarios de acuerdo con el valor rústico actual del suelo, fijado en 5,37€ por metro cuadrado según los informes técnicos.
Este precio ha generado controversia entre los diferentes grupos políticos. El concejal de Defendamos Calpe, Toni Tur, expresó sus dudas, afirmando que «esto me parece un experimento o una foto que puede acabar perjudicando a los calpinos en el futuro». Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Miguel Crespo, criticó el procedimiento y advirtió sobre posibles compromisos jurídicos para el municipio, cuestionando si se habían realizado negociaciones previas con los propietarios.
Una apuesta por la justicia social y la sostenibilidad
El portavoz del PSPV-PSOE, Guillermo Sendra, defendió la propuesta como una «batalla de justicia social«, subrayando que no se trata de una cuestión ecológica, sino de una iniciativa valiente y única que beneficiará a toda la ciudad. Sendra explicó que, en el marco de la modificación, existen tres opciones: la desclasificación mediante expropiación para convertir los terrenos en espacios públicos, la conservación del suelo rústico en manos de los propietarios para la construcción de chalets, o permitir que los propietarios actúen libremente sobre sus parcelas.
El portavoz del gobierno y de Compromís, Ximo Perles, destacó la importancia de esta decisión, asegurando que se trata de un paso fiel al mandato de la ciudadanía. Recordó que gran parte de estos terrenos fueron adquiridos en 1997, un año antes de que el Plan General de 1998 los incluyera como suelo urbanizable. Perles también comparó esta situación con la expropiación de otros terrenos en el pasado, como el del antiguo recinto ferial.
El concejal de Territorio, Juan Manuel del Pino, defendió la medida afirmando que Calp ha cambiado considerablemente en los últimos 30 años y que ahora es necesario adaptar los planes urbanísticos a una nueva sensibilidad y a las necesidades actuales del municipio. Añadió que, aunque se ha intentado llegar a acuerdos con los propietarios sin éxito, la tramitación iniciada ahora aún podría tardar varios años en completarse.
La alcaldesa de Calp, Ana Sala, cerró el debate calificando la decisión como “valiente” y asegurando que no está sometida a intereses externos. Señaló que, tras seis años de reuniones y negociaciones, esta es la mejor medida para el futuro del municipio, a pesar de las posibles impugnaciones por parte de los propietarios.
Subvención para AEMCO
Fuera del orden del día, también se aprobó una modificación de crédito para conceder una subvención de 18.900€ a AEMCO, la asociación de comerciantes de Calp. Esta ayuda tiene como objetivo gestionar iniciativas como tickets de aparcamiento para clientes o promociones y campañas que contribuyan a mitigar los problemas derivados de la falta de estacionamiento en el municipio. Los grupos de la oposición se abstuvieron de votar esta medida, alegando que el gobierno no había previsto adecuadamente la situación y que podría generar costes adicionales para los ciudadanos.
