El alcalde de Ondara, José Ramiro, defendió la postura del PSPV, argumentando que el IBI es un impuesto progresivo donde «quien más tiene, más paga», y que la rebaja propuesta favorecía a las rentas más altas. Según el PSPV, la medida provocaría una pérdida de más de 430.000 euros en ingresos municipales, lo que tendría consecuencias directas en los servicios públicos, ayudas sociales, cultura, deporte y educación.
Ramiro declaró: «Si no se ingresa, no se puede gastar. No voy a endeudar el pueblo para pagar luz, teléfono o publicidad. Desde 2015 hemos gestionado como si fuera una casa: gastamos lo que tenemos, invertimos con prudencia y prestamos servicios a la ciudadanía». El grupo socialista destacó que su modelo prioriza las ayudas a las familias más necesitadas, como las subvenciones municipales al IBI, la tasa de residuos o las escuelas deportivas.
PP: Propuesta para aliviar la presión fiscal y garantizar la legalidad del procedimiento
El portavoz del PP, Àlex Hernández, defendió la propuesta como una respuesta a una demanda ciudadana por una fiscalidad más justa. Recordó que en 2022 ya se aprobó una rebaja, pero en 2023 se incrementaron las tasas, lo que generó malestar.
Según Hernández, el pleno tiene competencia para iniciar la modificación de la ordenanza, y criticó que el gobierno municipal intentara frenar la votación con un informe jurídico externo no vinculante, sin presentar el informe del Secretario-Interventor.
Hernández declaró: “Hemos actuado con responsabilidad. Esta rebaja no pone en riesgo los servicios, sino que alivia la carga fiscal de las familias, autónomos y comercios. El gobierno ha intentado bloquear la mayoría del pleno con maniobras poco transparentes”.
El PP anunció que continuará trabajando para hacer efectiva la modificación y agradeció el apoyo de Compromís, destacando que «cuando se prioriza el interés del pueblo, las ideologías no son una barrera».
Compromís: Apoyo crítico y apertura al diálogo
El portavoz de Compromís, Lluís Fornés, justificó el voto favorable criticando el discurso alarmista del PSPV. Aseguró que los servicios municipales no se verían afectados por la rebaja, y puso como ejemplo que no se han propuesto recortes en convenios como el de las escuelas deportivas. También recordó que en el pacto firmado en 2015 entre PSPV y Compromís para gobernar, se acordó bajar el IBI durante 10 años.
“No compartimos la pedagogía del miedo. Si una familia puede ahorrar 50 euros en el IBI, puede compensar parte del aumento de las escuelas deportivas. Hay que ayudar a las personas con políticas sociales reales”, declaró Fornés.
Además, lamentó que, a pesar de disponer de 176.000 euros, no se ha invertido en vivienda, y reclamó acciones para rehabilitar casas abandonadas en el casco antiguo. Fornés también apeló al diálogo para ajustar la propuesta si fuera necesario: «Si no puede ser una rebaja de 12 puntos, que sea de 10. Estamos abiertos a negociar y hablar con Intervención para garantizar la viabilidad».
El Ayuntamiento de Ondara continuará ahora con el procedimiento administrativo para evaluar la viabilidad de la modificación de la ordenanza fiscal.
