Sigue la batalla urbanística entre los promotores de Dénia con la edil de Territorio y Calidad Urbana, Maria Josep Ripoll, sobre el borrado del Plan de Ordenación Pormenorizado (POP). E incluso piden al alcalde, Vicent Grimalt, que cese a la responsable municipal.
Reproducimos íntegramente el último comunicado remitido por la asociación, presidida por Carlos Pesquera:
«La Asociación de Promotores Turísticos de Dénia y Comarca (APTO) se ve en la obligación de emitir la presente nota de prensa para denunciar la grave situación provocada por la concejala de urbanismo, Doña María-Josep Ripoll, exigiendo por ello, responsabilidades políticas inmediatas.
Desde la APTO hemos constatado y advertido públicamente que la concejala de urbanismo no ha rectificado todavía su actuación respecto a la documentación del borrador del Plan de Ordenación Pormenorizado de Montgó y Marines-Deveses, subida de forma parcial e incompleta a la web municipal. Específicamente, se han omitido de esta publicación telemática las tablas de parámetros urbanísticos que, según parece, sí fueron incluidas en la documentación que alcanzó el Pleno Municipal y, de ser así, constituyen documentos públicos a todos los efectos.
Esta omisión selectiva y no corregida, lejos de ser un mero error administrativo, ha generado una situación innecesaria por el actual trámite ambiental del procedimiento, pero de profunda inseguridad jurídica por alentar directamente a la especulación urbanística. De hecho, ya estamos detectando movimientos oscuros de ofertas especulativas que afectan al tráfico inmobiliario sobre suelos urbanos del municipio. La propia concejala, con su actuación irregular y la negativa a restablecer la transparencia completa, ha impulsado estas prácticas que benefician a unos pocos en detrimento del interés general y del buen derecho.
Ante la negativa de la concejala de urbanismo a rectificar su grave y opaca actuación, la APTO exige públicamente al Alcalde de Dénia el cese inmediato de la edil. De no proceder al cese de la concejala, la APTO se ve en la obligación de advertir que el Alcalde y todo su equipo de gobierno estarán encubriendo tácitamente estas prácticas que atentan gravemente contra los principios de transparencia y legalidad que deben regir la administración pública. El encubrimiento de estas acciones, que claramente benefician a intereses especulativos, convertirá al equipo de gobierno en cómplice de un proceder que socava la confianza ciudadana y distorsiona la transparencia del mercado inmobiliario local.
Respecto al actual procedimiento de tramitación del Plan de Ordenación Pormenorizado (POP) del Montgó, y su anunciada exposición pública de 30 días dirigida exclusivamente a consultar a las Administraciones Públicas afectadas, esta asociación manifiesta que no tiene constancia de que se hayan acometido las actuaciones previas obligatorias a través del portal web municipal por el espacio de veinte días.
Por otro lado, debemos recordar que la ordenación estructural que sustenta este POP se encuentra totalmente judicializada y pendiente de inminente sentencia, lo que deriva en una ordenación pormenorizada que arrastra múltiples consecuencias, entre ellas, el incumplimiento de la previsión de parque público en red primaria suficiente para el municipio.
Por tanto, la Generalitat Valenciana, en su labor de control de legalidad y sostenibilidad, deberá informar de manera rigurosa que el plan no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio. Esto se agrava por la necesidad de que la misma Generalitat Valenciana esclarezca previamente la existencia o no de ocupaciones de montes demaniales de titularidad pública en su relación respecto a la ordenación propuesta. Además, en el caso de Les Marines-Deveses, deberá informar respecto a la adecuación de esta ordenación pormenorizada a la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana.
Exigimos por tanto, también a la Generalitat Valenciana que, a diferencia de lo que ocurrió al final de la legislatura anterior, esta vez cumpla de forma responsable atendiendo a los preceptos normativos de obligado cumplimiento, tomando para ello el tiempo que precise en aras de la preservación del medio ambiente y el territorio.»
