Compromís ha registrado esta semana una proposición no de ley (PNL) en Les Corts Valencianes para exigir una solución inmediata y definitiva que garantice el acceso al agua potable en la Vall de Laguar.
Según la agrupación, la Diputación de Alicante ha «abandonado al municipio, incumpliendo un pacto presupuestario firmado en 2021 y bloqueando durante años la implementación de una solución técnica adecuada».
Gerard Fullana, diputado por Alicante, y Paula Espinosa, portavoz de asuntos medioambientales de Compromís, aseguran que la gestión hídrica debe priorizarse en los municipios pequeños, como la Vall de Laguar, frente a la expansión de grandes urbanizaciones y el turismo residencial. Ambos critican las leyes de «simplificación urbanística impulsadas por el Consell presidido por Carlos Mazón y apoyadas por el PP de Alicante», que, según Compromís, favorecen «intereses especulativos a costa de los derechos básicos de la población».
Una planta de filtración defectuosa
El origen del problema radica en la nueva planta de filtración construida por la Diputación de Alicante, que ha mostrado ser insuficiente para garantizar el suministro de agua potable en el municipio. La instalación, que supuso una inversión de casi 600.000 euros de dinero público, no ha resuelto el problema, y los vecinos de la Vall de Laguar se enfrentan a la perspectiva de seguir sin agua potable en 2026, recordando los 200 días sin este servicio en 2025.
Compromís también ha señalado que el Ayuntamiento de la Vall de Laguar y sus técnicos propusieron desde un principio una solución técnica alternativa que habría sido más eficiente y rentable, pero que fue rechazada por la Diputación. «Ahora, años después, la Diputación admite que la propuesta del Ayuntamiento era la correcta, lo que supone un despilfarro de recursos y tiempo», afirmó Fullana, quien también denunció la irresponsabilidad de la Diputación ante la situación que sigue afectando a los vecinos.
«No puede ser que los vecinos no tengan agua potable cuando el pozo suministra a 100.000 personas del turismo residencial; es absolutamente kafkiano», remarca Gerard Fullana.
«El acceso al agua es un derecho básico»
Gerard Fullana advirtió de que, si no se toman medidas urgentes, situaciones como la de la Vall de Laguar se generalizarán en otros municipios. «Las leyes que facilitan los pelotazos urbanísticos y el monopolio del turismo residencial podrían provocar que, en menos de diez años, pueblos como la Vall de Laguar, con hasta 200 días al año sin agua potable, se conviertan en la norma. Se está expulsando a las personas de una vida normal en sus pueblos, reduciendo servicios básicos y aumentando el coste de vida», expresó.
Compromís concluye que el acceso al agua es un derecho básico que debe ser garantizado para todos los ciudadanos, sin depender de intereses económicos o especulativos. La coalición ha asegurado que, mientras el PP siga defendiendo el negocio del agua, ellos continuarán luchando para que este derecho fundamental sea garantizado en todos los municipios.
