Ante las críticas de la oposición de Dénia (PP, Vox y Gent de Dénia) contra la contratación de una empresa externa para supervisar el servicio de recogida de residuos, la edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Sandra Gertrúdix ha remitido un comunicado de respuesta, en el que entre otros aspectos, lamenta el «ataque furibundo contra el gobierno local» por parte de estos tres grupos políticos, y la «política rastrera»; y explica que las auditorías externas del servicio están contempladas en el contrato.
Además, asegura que todas las decisiones adoptadas por su concejalía están respaldadas por informes técnicos, conforme a la legalidad. Critica la edil que con estas acusaciones solo «intentan sembrar la desconfianza entre la ciudadanía con un interés partidista«.
Reproducimos íntegramente el comunicado:
«Respecto a la licitación del contrato de supervisión del servicio de recogida de residuos
Respuesta de Sandra Gertrúdix, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Dénia
Los tres partidos de la oposición (PP, Gent de Dénia y Vox) quedaron ayer de acuerdo para lanzar a través de los medios de comunicación un ataque furibundo contra el gobierno local y la gestión de la limpieza urbana (podemos considerar que esto entra dentro de su labor de fiscalización) y contra mí persona, incluso, con afirmaciones de índole personal (ejemplo de política rastrera que no demuestra si no la desesperación de quienes la ejercen).
Pero vamos por partes y empecemos por el principio: las propias cláusulas del contrato con Urbaser, empresa concesionaria del servicio de limpieza urbana, cuya adjudicación fue aprobada por mayoría (con la única abstención de GD) por el Pleno de la Corporación en octubre del año 2021.
Este mismo contrato ya especifica que las auditorías económica y técnica del servicio serán llevadas a cabo por empresas externas, en el primer caso a cargo de la concesionaria y en el segundo a cargo del ayuntamiento.
Por lo tanto, el «teatro» de grandes aspavientos que ahora interpreta la oposición no busca más que intentar sembrar la desconfianza entre la ciudadanía con un interés partidista muy claro y descarado. Entiendo que como representantes municipales con acta de concejales y concejalas se han leído el contrato antes de hacer afirmaciones tan graves…
En resumen, la licitación de un contrato de supervisión del servicio de recogida de residuos no es simplemente algo que entra dentro de la absoluta normalidad, sino que, además, supone cumplir con el contrato firmado con Urbaser.
Sí les doy la razón en que lo ideal sería contar con personal funcionario suficiente para controlar, incluso, un contrato de tal envergadura como éste. No obstante, como también saben (o deberían saberlo) los ediles de la oposición, las administraciones en general, y las locales en particular, tenemos restricciones para la contratación de trabajadores, en cumplimiento de la Ley de racionalización y sostenibilidad del sector público.
De todos modos, me llama muchísimo la atención que los mismos que intentan sembrar dudas sobre mí imparcialidad, y por lo tanto la de la concejalía y el ayuntamiento, a la hora de fiscalizar el servicio que ofrece Urbaser, vean mal que sea una empresa externa y completamente ajena a la administración la que lleve a cabo el control del servicio.
No siempre es fácil mantener una mínima coherencia cuando se busca con tanta ansia y recurriendo al populismo barato desprestigiar al gobierno que lleva 11 años transformando la ciudad y revalidando la confianza de la ciudadanía.
Resulta llamativo que quienes durante años toleraron servicios deficitarios, falta de control efectivo y contratos obsoletos, se escandalicen ahora porque este ayuntamiento refuerce, precisamente, los mecanismos de control. Algunos incluso «fueron invitados» a irse de anteriores gobiernos por su mala gestión de la limpieza urbana.
Otros, que ahora se permiten cuestionar mi imparcialidad, se sientan en los plenos a defender sus intereses inmobiliarios votando en contra de medidas que beneficiarían al conjunto de la ciudadanía.
Voy a ser tajante: todas y cada una de las decisiones adoptadas por mi concejalía están respaldadas por informes técnicos, conforme a la legalidad y con absoluta transparencia, como corresponde a un gobierno que cree en las instituciones y no en el ruido. De hecho, a Urbaser se la ha sancionado ya por ciertos incumplimientos del actual contrato.
Por lo tanto, sus argumentos populistas se desmoronan y lo único que demuestran es que están ejerciendo la política a golpe de titular en la prensa. Detrás no hay trabajo, ni supervisión, ni una simple lectura del contrato con la adjudicataria…
Les recuerdo que la política no está reñida con la responsabilidad ni con el sentido común.
Para la ciudadanía, explicar que las auditorías externas son práctica habitual en la administración pública y lo que nos permite garantizar, precisamente, la imparcialidad, el control de los recursos públicos y la mejora constante.»
