El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha resuelto definitivamente los procedimientos judiciales derivados del contrato de obras del Espai Jove de Ondara.
Las resoluciones judiciales, conocidas el 23 de febrero de 2026, han confirmado que el Ayuntamiento deberá abonar las cantidades justificadas técnicamente por la Dirección Facultativa. De esta manera, se confirma un pago final de 158.825,09 €, más los intereses, por obras no previstas, y 4.000,78 € por daños derivados de la pandemia de la COVID-19.
Menos de la mitad de las reclamaciones iniciales aceptadas
Las cantidades inicialmente reclamadas por la empresa contratista, Víctor Tormo S.L., superaban los 328.000 € en dos procedimientos judiciales. En primer lugar, la mercantil reclamó por obras no previstas por un importe inicial de 230.509,29 €. El Ayuntamiento había abonado previamente 69.577,72 € siguiendo las directrices de los técnicos, pero la empresa solicitó judicialmente una diferencia de 160.910,29 €. El TSJCV estimó parcialmente la reclamación y fijó como procedentes 89.247,37 €, llevando el total a 158.825,09 €. Esto significa que se desestimó más del 30% de la cantidad original solicitada.
En segundo lugar, la empresa reclamó 98.053,49 € por daños y perjuicios derivados de supuestos retrasos en las obras. El tribunal reconoció únicamente 4.000,78 €, correspondientes a la suspensión de las obras durante la crisis sanitaria de la COVID-19. El resto de la reclamación fue totalmente desestimada, con una reducción superior al 96%.
Conclusión del proceso judicial
El total de las reclamaciones, que superaban los 328.000 €, se redujo a 162.825,87 € más los intereses, lo que supone que el Ayuntamiento de Ondara deberá asumir un 49,5% del total inicialmente solicitado. Más de la mitad de las pretensiones de la empresa fueron rechazadas por los tribunales.
El alcalde de Ondara, José Ramiro, ha valorado de manera positiva las resoluciones judiciales: “Las sentencias confirman que el Ayuntamiento actuó correctamente y que solo debían abonarse las partidas justificadas por los técnicos. Es una decisión que refuerza el rigor y la prudencia con que gestionamos los recursos públicos”.
