La Generalitat prepara un recurso contra la modificación del Reglamento General de Costas promovida por el Gobierno de España. La impugnación se presentará durante el próximo mes de septiembre, según anunció este lunes el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en una reunión con representantes de las principales asociaciones de afectados por los deslindes del litoral de Dénia.
El encuentro sirvió para revisar la situación de los distintos expedientes que afectan a la costa del municipio y para escuchar las reclamaciones de los propietarios. En la reunión participaron también el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra; el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, y la comisionada del puerto de Dénia, Pepa Font.
Tres expedientes recurridos
La administración autonómica mantiene actualmente recursos contra los tres expedientes de deslinde impulsados en Dénia por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Consell también presentó alegaciones durante la tramitación del proyecto de reforma del reglamento estatal.
Martínez Mus trasladó a las asociaciones que la oposición de la Generalitat continuará una vez que la modificación normativa sea aprobada definitivamente.
“La Generalitat ha estado y seguirá estando al lado de los afectados desde el primer momento y defenderá sus intereses con todos los instrumentos a su alcance”, afirmó el conseller ante los representantes vecinales.
El responsable autonómico añadió que el Consell recurrirá a distintos mecanismos para cuestionar tanto los deslindes como el cambio regulatorio.
“Acudiremos a todas las vías posibles, administrativas, políticas y judiciales, para defender los derechos de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”, señaló.
Una reforma cuestionada por el Consell
El principal punto de discrepancia se encuentra en el criterio que podría emplearse para delimitar de manera permanente el dominio público marítimo-terrestre. Según la explicación ofrecida por la Generalitat, el nuevo reglamento permitiría tomar como referencia los efectos de un único temporal excepcional.
La administración autonómica considera que este planteamiento sustituye un criterio técnico empleado durante décadas por otro basado en un episodio aislado. A juicio del Consell, el cambio puede aumentar la discrecionalidad administrativa, generar inseguridad jurídica y tener consecuencias sobre miles de propiedades situadas en el litoral valenciano.
La Generalitat comunicó a las asociaciones que defenderá otras fórmulas basadas en criterios científicos consolidados y estables en el tiempo. Su propuesta pretende combinar la conservación de la costa con la protección de los derechos de propietarios y actividades económicas.
Martínez Mus sostuvo que las decisiones sobre el litoral deben contar con garantías técnicas y jurídicas suficientes.
“La protección de la costa es un objetivo irrenunciable, pero debe ser compatible con la seguridad jurídica, con los derechos de los ciudadanos y con el desarrollo sostenible de nuestros municipios costeros”, declaró.
El vicepresidente tercero también rechazó que los criterios aplicados puedan cambiar de forma continuada y afectar a las expectativas de quienes tienen propiedades en las zonas incluidas en los expedientes.
“No podemos generar incertidumbre permanente entre los vecinos mediante decisiones que afectan a sus propiedades y a su futuro sin ofrecer las máximas garantías técnicas y jurídicas”, manifestó.
Viviendas, parcelas y actividad económica
Los procedimientos de deslinde pueden tener incidencia sobre viviendas, terrenos y negocios vinculados a la costa. Durante la reunión, la Generalitat aseguró compartir la preocupación de los propietarios afectados y escuchó las reivindicaciones planteadas por las asociaciones de Dénia.
El Consell defiende que cualquier modificación del dominio público marítimo-terrestre debe apoyarse en criterios objetivos, rigurosos y mantenidos en el tiempo. La posición autonómica insiste, además, en los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica.
La reunión no implicó la resolución de los expedientes abiertos, pero permitió a los representantes vecinales conocer el calendario anunciado por la Generalitat y las actuaciones que prevé desarrollar frente al reglamento estatal.
Petición de actuaciones contra la regresión
Junto a la controversia sobre los deslindes, Martínez Mus reclamó al Gobierno de España mayores inversiones para frenar la regresión costera. Según los datos expuestos por el vicepresidente, dos de los cinco tramos más afectados del país se encuentran en la Comunitat Valenciana: Castellón-Sagunto y Valencia-Dénia.
El conseller defendió que la política de protección del litoral no debe limitarse a modificar o ampliar las delimitaciones administrativas. En su opinión, también son necesarias obras de regeneración y actuaciones destinadas a conservar las playas y reducir el retroceso de la línea de costa.
La Generalitat manifestó finalmente su disposición a mantener la colaboración con las asociaciones afectadas. El modelo planteado por el Consell combina la protección ambiental, el rigor técnico, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
