Ana Sala, alcaldesa de Calp y portavoz de la agrupación Somos Calpe, ha decidido llevar a los tribunales las publicaciones de la cuenta de Facebook “Fiscaliza Calpe”. Según ha comunicado Somos Calpe, la alcaldesa ha presentado una querella por unos mensajes que considera reiteradamente difamatorios y que, a juicio de la querellante, podrían constituir delitos de calumnias y/o injurias.
La acción judicial cobra especial relevancia porque algunas de las publicaciones de ese perfil no se limitaron a cuestionar la gestión política de Sala y su equipo, sino que llegaron a introducir referencias a miembros de su familia.
Una de ellas abordaba precisamente uno de los asuntos más delicados que ha rodeado al Ayuntamiento de Calp durante los últimos años: las irregularidades relacionadas con exhumaciones y traslados de restos en el cementerio municipal.
Las exhumaciones vuelven a cobrar protagonismo en Calp
Bajo el encabezado “EXHUMACIONES”, Fiscaliza Calpe apuntaba en su publicación a un familiar fallecido de la alcaldesa, proponiendo que un antiguo nicho habría sido exhumado para enterrar en el mismo a dicha persona.
El propio perfil señalaba que dejaba “estas cuestiones planteadas” ante lo que consideraba una falta de explicaciones municipales y sostenía que existían “dudas realmente razonables”. También aseguraba que su labor era “meramente informativa”, que utilizaba documentación procedente de fuentes abiertas y añadía expresamente que no atribuía responsabilidad penal o administrativa a las personas mencionadas.
Por parte de la cuenta, no se han presentado pruebas que puedan relacionar a la alcaldesa o a sus familiares con dichos escándalos. Se revive así un tema delicado en el municipio.
Una condena judicial por una exhumación irregular
Recordemos que la Audiencia de Alicante condenó a un exconcejal y a un técnico del Ayuntamiento de Calp por un delito de prevaricación administrativa relacionado con la exhumación irregular de un cadáver.
Según los hechos declarados probados recogidos en la información publicada sobre aquella sentencia, el objetivo era disponer de un nicho para enterrar a la abuela del técnico municipal.
El exconcejal fue condenado a nueve años de inhabilitación, mientras que el funcionario recibió dos años, tres meses y un día como cómplice del delito de prevaricación. Ambos fueron absueltos, no obstante, de otras acusaciones, entre ellas falsedad documental, delito contra el respeto a los difuntos, contra la integridad moral y coacciones.
El episodio se produjo en enero de 2019. Las preguntas formuladas en una de la polémicas publicaciones de la cuenta Fiscaliza Calpe sobre la familia de Ana Sala y, con la información disponible, no existe ningún elemento que permita vinculación con aquel delito.
El asunto adquirió una dimensión todavía mayor cuando el Ayuntamiento constituyó una comisión de investigación para analizar posibles irregularidades en la gestión del cementerio durante el periodo 2010-2016. En su primera reunión, celebrada en marzo de 2025, los integrantes recibieron un informe técnico que identificaba aproximadamente 45 traslados individuales que requerían ser revisados.
Sala: “No todo vale en política”
Es en ese escenario donde adquieren contexto las publicaciones de Fiscaliza Calpe y donde se sitúa ahora la decisión de Ana Sala de acudir a la vía penal.
Somos Calpe sostiene que los mensajes del perfil han sobrepasado el terreno de la fiscalización política para afectar al honor de su líder y de personas de su entorno.
Sala defiende que durante un largo periodo optó por no responder, pero considera que las publicaciones terminaron traspasando un límite.
“No todo vale en política y tampoco todo vale en las redes sociales”, sostiene la alcaldesa, quien afirma que determinadas acusaciones difundidas desde el perfil son falsas y gravemente perjudiciales para su reputación.
La querella reclama además que se averigüe quién se encuentra detrás de Fiscaliza Calpe, que se preserve el contenido publicado y que el juzgado acuerde la cancelación cautelar de la cuenta para impedir que continúe difundiendo mensajes mientras se esclarecen los hechos.
Somos Calpe insiste en que la actuación judicial no pretende impedir la crítica política ni la fiscalización del gobierno municipal. Sala, por su parte, emplaza a quien crea que ha cometido algún delito durante su gestión a presentar una denuncia ante los tribunales en lugar de formular acusaciones a través de las redes sociales.
