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La comunidad educativa de la Marina Alta vuelve a las calles de Dénia el 22 de octubre

La protesta reclama soluciones a las reivindicaciones que motivaron la huelga indefinida del curso pasado
Manifestacion, el 3 de junio de 2026, durante la huelga educativa de la Marina Alta / Tino Calvo

La comunidad educativa de la Marina Alta se manifestará el jueves 22 de octubre, a las 19 horas, en la plaza Jaume I de Dénia.

La convocatoria está abierta a docentes, personal no docente, familias y estudiantes de toda la comarca. Los convocantes (comunidad educativa de la Marina Alta, STEPV, CCOO y UGT) denuncian que los problemas que llevaron a la huelga indefinida del curso pasado continúan sin resolverse en los centros educativos.

Entre las reivindicaciones pendientes destacan la reducción de las ratios y la ampliación de las plantillas. También reclaman mejoras en las infraestructuras y en la climatización de las aulas, la recuperación del poder adquisitivo del profesorado y más recursos para atender la diversidad del alumnado.

«La huelga se suspendió, pero los problemas no han desaparecido», afirman los convocantes. «Si la movilización se apaga, la Conselleria solo tiene que esperar. Por eso volvemos a la calle».

La defensa del valenciano

La manifestación también sitúa en el centro de sus reivindicaciones la situación del valenciano en la enseñanza. Los convocantes critican la Ley 1/2024, de libertad educativa, aprobada por PP y Vox. Esta ley sustituyó el modelo plurilingüe por un sistema de elección de la lengua base por parte de las familias.

«Defender la escuela pública valenciana es defender el derecho de todo el alumnado a aprender y vivir en valenciano», señalan. «Nuestra lengua no es un problema del que haya que protegerse. Es patrimonio colectivo y no aceptaremos que retroceda en las aulas».

Más allá de la educación

Los convocantes sitúan la movilización en un contexto más amplio de defensa de los servicios públicos. Reclaman también una sanidad pública de calidad y un sistema público de pensiones digno. En su opinión, los derechos sociales no pueden convertirse en un negocio y alertan de las políticas que abren espacios al mercado en ámbitos fundamentales.

«Somos docentes, pero también somos pacientes que esperan semanas para una cita, futuros pensionistas y personas que pagan un alquiler», explican. «Lo que está en juego va mucho más allá de nuestras condiciones de trabajo».

La protesta pretende ser también un punto de partida para reactivar la organización en los centros educativos y las coordinaciones comarcales que se crearon durante el curso pasado.

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