El concejal de Contratación del Ayuntamiento de Calp, Ximo Perles, ha anunciado que ha promovido la inclusión de cláusulas sociales en una licitación que está pendiente de promover el Ayuntamiento. De este modo, se descarta que un depósito a plazo fijo de 20 millones de euros al banco se adjudique solo a la entidad que ofrezca un mayor interés.
El objetivo de la modificación es, que el banco ganador de la licitación, aparte de ofrecer un tipo de interés relevante, incorpore también un mayor horario de apertura por las tardes para facilitar la atención a los vecinos que trabajan por la mañana, atienda personal y presencialmente a las personas mayores de 65 años (haciendo un claro guiño a la campaña “soy mayor, no idiota”) o que tenga planes de inclusión para incorporar a trabajadores con diversidad funcional.
La finalidad del depósito es que el Ayuntamiento pueda sacar rentabilidad al remanente que existe en las cuentas mientras se gestionan las inversiones a llevar a cabo y que no pierda valor por la evolución de la inflación o el aumento de los tipos de interés. Además, la ventaja de un plazo fijo es que se puede retirar el dinero en cualquier momento, lo que evita problemas de liquidez en momentos puntuales en los que haya falta de tesorería o picos de liquidez negativa. Aún así, el responsable de contratación insiste en que no se conforma solo con que el banco ofrezca un determinado tipo de interés, ya que lo importante, más que la rentabilidad es que ese dinero sirva efectivamente para mejorar la vida de los ciudadanos, que son los propietarios del dinero.
En palabras de Ximo Perles, “la incorporación de estas cláusulas sociales al depósito a plazo fijo del Ayuntamiento es la mejor solución para los calpinos puesto que, por un lado, conseguiremos rentabilidad del dinero en las cuentas municipales y, por otro, podremos forzar las entidades bancarias a aumentar las horas de atención a las personas y a incorporar una mayor responsabilidad social corporativa”.
El edil indica que este no será un caso aislado, sino todo lo contrario, la ruta a seguir del nuevo equipo de gobierno en esta área. Así, indica: “teniendo en cuenta que la contratación pública supone más del 10% del PIB, lo que se traduce en más de 130.000 millones de euros, la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos adquiere la mayor de las trascendencias. Esperamos poder incluir este tipo de condicionamientos en todos los contratos. Consideramos que la ciudadanía cada vez es más consciente que se debe hacer un consumo responsable, y del mismo modo que no es lo mismo comprar fruta de cultivo ecológico que en las grandes superficies, esto es lo mismo: no es lo mismo que nuestro dinero invertido a plazo fijo se destine a financiar petroleras que a financiar PYMES, no es lo mismo prestar el dinero a una entidad con responsabilidad social que a otra que atienda exclusivamente por teléfono…”
