El Ayuntamiento de Dénia aprobó, durante la sesión plenaria ordinaria, la suspensión cautelar de licencias por un año en dos fichas urbanas, que afecta a nuevas edificaciones tras detectar incongruencias en las delimitaciones de la zona sur Bosc de Diana 2.
Las críticas no tardaron en llegar por parte del popular Carlos Barona, quien aseguró que el Plan Urbanístico de la ciudad es «una chapuza». Según afirmó, la ficha no ofrece seguridad jurídica y deja nuevos afectados sin licencia tras un año de prórrogas. «Ni el PGE está correcto, ustedes mismos se han adelantado a los tribunales. Les dijimos que no lo aprobaran tan rápido, sin hacerlo en campaña», declaró Barona.
Plan de emergencia ante sequía
Un segundo punto relevante del pleno fue la aprobación inicial de un plan local de emergencia por sequía, propuesto por el equipo de gobierno. Según la concejala de Medio Ambiente, Sandra Gertrúdix, se busca principalmente obtener información sobre los recursos hídricos de la ciudad, así como establecer los estados de riesgo y las medidas ante la falta de abastecimiento provocada por la sequía.
«No entendemos que el plan de emergencias por sequías se vaya a aprobar en este momento, a puertas del verano«, aseguraron tanto Mario Vidal como Félix Redondo. Por su parte, Gertrúdix señaló que para este verano no será necesario, ya que con las lluvias hay suficiente abastecimiento. Aun así, Vidal recalcó que eso ha sido «una suerte, sino podríamos haber llegado tarde».
Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia
El consistorio aprobó la declaración institucional de compromiso y apoyo al Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Javier Scotto, concejal de Igualdad, quiso remarcar que no es común traer efemérides a los plenos, pero debido a la situación de «violencia institucional por parte de las instituciones y del gobierno de la Generalitat Valenciana hemos querido hacer esta declaración».
En este sentido, el portavoz de VOX redirigió el foco hacia la inmigración, asegurando que es ese colectivo el que ataca al colectivo LGTBI. «Los ataques los recibís de la gente que estáis dejando entrar de manera descontrolada y si los menores tienen una duda, son los padres los que pueden llevarlos al psicólogo», afirmó Redondo.
Desde Compromís, Valen Alcalà quiso remarcar que «estamos viviendo un momento de retroceso sin precedentes, tanto contra la cultura, la igualdad, la lengua y los derechos LGTBI«.
Por su parte, Pepa Font hizo referencia a la política local: «Hablaremos cuando sea una moción que afecte a la ciudad, no para criticar al gobierno autonómico». Ante esta afirmación, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, respondió rotundamente que «las leyes que se aprueban en Valencia afectan a todos los ciudadanos de Dénia, así que esta moción sí tiene sentido».
Apoyo a la protesta de los bomberos provinciales
El siguiente punto hacía referencia a las protestas de los Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante. Javier Scotto recalcó que con la gestión de la diputación «se está trabajando bajo un déficit estructural de personal, provocando que se trabaje por debajo de los mínimos operativos recomendados; es decir, se está comprometiendo la seguridad ante posibles riesgos«. Con esta moción se busca instar a la diputación a que cumpla los compromisos sectoriales firmados y las condiciones aprobadas.
Tanto PSPV-PSOE, Compromís y Gent de Dénia apoyaron la moción, mientras que VOX se abstuvo alegando que «es un conflicto laboral que no debe tratarse en un pleno». Font, portavoz del PP, aseguró que «las negociaciones no están rotas, que se han creado nuevas plazas y que se sigue avanzando en la situación». Finalmente, el PP también se abstuvo.
Respuesta «clara» sobre la segunda residencia
María Josep Ripoll, concejala de Urbanismo, presentó una moción de urgencia con el objetivo de reclamar a Conselleria una respuesta clara sobre el futuro de la segunda residencia de Dénia. La moción destaca los siguientes puntos:
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Solicitar a la Conselleria de Servicios Sociales que se pronuncie pública y oficialmente sobre si tiene intención de asumir la construcción y gestión de la segunda residencia pública de Dénia, ya sea con fondos Next Generation o con fondos propios de la Generalitat, e indique los plazos previstos, en caso de haberlos.
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Instar a la Conselleria a informar oficialmente y con documentación sobre el destino previsto de los más de 9 millones de euros de fondos europeos que estaban asignados a este proyecto.
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Requerir a la Conselleria que se manifieste de manera clara y oficial sobre si tiene la voluntad de asumir la gestión directa de la Residencia de Santa Llúcia, considerando que el Ayuntamiento ha estado asumiendo competencias impropias durante años.
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Solicitar que cualquier respuesta o posicionamiento oficial sea comunicado formalmente al Ayuntamiento de Dénia, con el fin de poder avanzar en la planificación y desarrollo de las infraestructuras y servicios sociales necesarios para la ciudad.
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Trasladar este acuerdo a la Conselleria de Servicios Sociales y a la Presidencia de la Generalitat Valenciana.
La moción fue apoyada tanto por el equipo de gobierno como por Gent de Dénia. Por su parte, VOX reclamó al PSPV-PSOE que se encarguen de construir una residencia, incluso ante la negativa de la Generalitat. Frente a la moción, los populares achacaron la culpa a la «pérdida de 9 millones de euros por no saber ejecutar el proyecto y, encima, piden explicaciones a Conselleria«.
Además, Font destacó los comentarios lanzados en el debate del programa ‘Els Quatre Cantons’ de Dénia FM: «Con los micros abiertos, se propuso hablar y trabajar para conseguir esa residencia para Dénia«, aseguró. Por su parte, Grimalt afirmó que en ese mismo espacio se recalcó que era la Generalitat quien «había retirado las competencias y ya hemos visto cómo ha estado privatizando la gestión de otras residencias públicas«.
Acadèmia Valenciana de la Llengua
Se presentó una moción en defensa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) debido a los recientes recortes presupuestarios impulsados por los grupos parlamentarios del PP y Vox en las Corts Valencianes. Estas reducciones amenazan la capacidad operativa de la AVL, institución encargada de regular y promover el uso del valenciano, lengua cooficial de la Comunidad Valenciana. Vox ha expresado abiertamente su intención de eliminar la AVL, mientras que el PP ha cambiado su postura histórica para apoyar esos recortes, motivado por mantener el apoyo de la ultraderecha en el gobierno.
En resumen, desde el consistorio buscan garantizar el mantenimiento del presupuesto y el apoyo institucional para que la Acadèmia Valenciana de la Llengua pueda seguir funcionando correctamente y promoviendo la lengua y cultura valencianas.
Por su parte, Vox ratifica las expresiones y normas planteadas por sus homónimos en la Generalitat. Mientras que Rafa Carrió, portavoz de Compromís, asegura que se quiere «estrangular a la academia porque consideran que no es nuestra lengua y que es el enemigo». Añadió: «Es una norma violenta, simbólica y que además solo puede ocurrir porque Mazón está dispuesto a pagar cualquier precio por proteger su puesto».
La moción salió adelante con los votos positivos del equipo de gobierno, mientras que Gent de Dénia y PP se abstuvieron, y Vox votó negativamente.
