Província Urbanisme

Los promotores estudian posibles acciones penales contra la aprobación del Plan General Estructural de Dénia

Así se desprende de la última reunión, convocada por la asociación con sectores afectados por aquel acuerdo plenario

La Asociación de Promotores Turísticos de Dénia no descarta emprender acciones legales y penales contra la aprobación del Plan General Estructural dianense,  en el pleno extraordinario del pasado 6 de abril, con los votos nominativos de los 12 concejales del equipo de gobierno.

Acciones por la vía del contencioso-administrativo; y por la vía penal «con responsabilidad personal contra todos aquellos políticos y/o funcionarios corresponsables de la inclusión de la sorprendente cláusula de responsabilidades patrimoniales», que exonera a la Conselleria de responsabilidad alguna que pudiera derivarse de la aprobación de dicho plan, recayendo únicamente en el Ayuntamiento dianense.

Desde la asociación se ha remitido un comunicado que reproducimos a continuación, de forma íntegra:

«Con motivo de la aprobación del Plan General Estructural de Dénia en sesión de pleno extraordinario de 06 de abril del presente año, la Asociación de Promotores Turísticos de Dénia (APTD) ha convocado a sus asociados, así como a empresas del sector y a propietarios de suelo, los cuales quedan afectados por el acuerdo municipal que envía dicho planeamiento para su aprobación definitiva a la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante.

El presidente de la Asociación de Promotores, Fernando Tomás, dirigió la reunión, que tuvo lugar en el salón de actos del Vivero de Empresas de Dénia (Cámara Alicante) y contó con la con la presencia del presidente del Cercle Empresarial de la Marina Alta, Benito Mestre, federación en la que APTD es miembro de pleno derecho.

Tras una prolija exposición de motivos respecto a fundadas irregularidades procedimentales en la tramitación del Plan General, entre las que cabe destacar la ausencia de la obligada exposición pública debido a la introducción de cambios sustanciales, algo que también sucedió en la versión inicial de 2019, así como destacando las consecuencias derivadas de responsabilidades patrimoniales que la dirección política dianense ha decidido asumir íntegramente haciendo caso omiso del informe del Secretario Municipal y la responsable jurídica de planeamiento, se abrió un intenso debate sobre la ilegalidad manifiesta de tal exigencia autonómica para la aprobación del Plan, así como la lesividad contra el pueblo de Dénia y sus actividades económicas.

Los numerosos participantes reaccionaron estupefactos ante las descripciones del caótico procedimiento urbanístico, las sangrantes determinaciones de Costas, así como por la naturaleza rupturista de un Plan que niega la realidad urbanística de los últimos treinta y cinco años, dando por caducados convenios, desclasificando suelos y, pretendiendo solventar la situación que ha llevado hasta la fecha, a condenas judiciales valoradas en más de cuarenta millones de euros, queriendo ahora aplicar la misma fórmula de compensación en metálico de los antiguos aprovechamientos urbanísticos, máxime cuando este tipo de ordenación estructural no dispone de tales competencias.

La decisión de la Asociación de Promotores, consensuada por el conjunto de asistentes, fue la de constituir urgentemente una comisión de trabajo para el seguimiento de los procedimientos judiciales presentes y futuros, concretándose actuaciones inmediatas respecto al nuevo recurso contencioso administrativo contra la sesión de pleno municipal para la aprobación del Plan General Estructural, así como para el estudio e interposición de actuaciones penales con responsabilidad personal contra todos aquellos políticos y/o funcionarios corresponsables de la inclusión de la sorprendente cláusula de responsabilidades patrimoniales, haciendo extensiva la denuncia, y si se estima procedente en derecho, a la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat Valenciana, órgano sustantivo que es quien ha exigido su exoneración previa para la aprobación del pernicioso Plan General, obligando al consistorio a asumir que las altísimas indemnizaciones posibles recaigan exclusivamente sobre los ciudadanos y contribuyentes dianenses, tratando de alcanzar con ello y a cualquier precio, el éxito político de la aprobación definitiva del Plan en la víspera de las elecciones del 28 de mayo».

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