La Guardia Civil ha culminado varias investigaciones por robo de cableado de cobre en distintos puntos de la provincia de Alicante, con un balance de tres personas detenidas y seis investigadas. Las diligencias se integran en el Plan Nacional contra el robo de cobre, dirigido a proteger el medio rural y los servicios esenciales.
Los trabajos policiales fueron desarrollados por el Equipo ROCA de la Compañía de Calpe tras detectarse reiterados cortes y daños en redes de telecomunicaciones de varias localidades de la Marina Alta. Las pesquisas se prolongaron entre junio y diciembre del pasado año.
Operación Cobrilo
La primera actuación arrancó en Adsubia, donde una inspección permitió localizar vallados dañados y un acopio de unos 400 kilos de cobre ya cortado y listo para su transporte. Las vigilancias posteriores identificaron a los presuntos autores y los vehículos empleados, entre ellos una furgoneta de alquiler y un turismo lanzadera destinado a alertar de posibles controles.
Según la investigación, los implicados se desplazaban desde Valencia y habrían sustraído cerca de 1.000 metros de tendido telefónico aéreo, causando importantes daños en propiedades privadas. En diciembre fueron detenidos tres varones de entre 25 y 38 años en Sueca y Valencia, todos con antecedentes por hechos similares. Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad con medidas cautelares.
Operación Phone25
De manera paralela, una inspección administrativa en un centro de recuperación de metales de Dénia permitió intervenir 2.500 kilos de cableado de cobre de telefonía. Las indagaciones apuntaron a que el material procedía de sustracciones cometidas en Benissa y Alfaz del Pi.
Los responsables, según la Guardia Civil, formaban parte de una empresa de instalaciones de telecomunicaciones cuyos trabajadores acudían a desplegar fibra óptica y aprovechaban esas intervenciones para retirar antiguas líneas telefónicas. En este caso, han sido investigados cinco empleados como presuntos autores, además del gerente del centro de reciclaje, al que se le imputan delitos de receptación y falsedad documental por falsear datos de los vendedores.
