La diputada socialista en Les Corts, Maria José Salvador, ex consellera de Vivienda, ha visitado Dénia para presentar las alegaciones del PSPV-PSOE al proyecto de Ley del Suelo del gobierno de la Generalitat Valenciana, al considerarlo una regresión en la planificación urbanística y la protección del territorio.
Salvador ha estado acompañada por la secretaria general del PSPV-PSOE dianense, Maria Josep Ripoll, concejala de Territorio en el Ayuntamiento; y el vicesecretario general de los socialistas locales y alcalde, Vicent Grimalt.
Precisamente, Grimalt ha denunciado que con esta ley, la intención del gobierno del PP en la GVA lo que pretende es «quitar competencias a los Ayuntamientos y hacer lo que les convenga a ellos, y no a los pueblos».
Asimismo, ha incidido en los modelos urbanísticos auspiciados por el ahora presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras,Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus; y el director general de Urbanismo, cuando eran alcaldes o concejales en sus municipios, Finestrat, Chilches y La Nucía, respectivamente. En palabras de Grimalt son «pueblos que ya no existen como tal, sino macrourbanizaciones».
Alegaciones
Salvador ha denunciado las «malas intenciones» del proyecto de la Ley de Suelo y se ha encargado de presentar las alegaciones.
La diputada ha destacado que esta ley busca reactivar políticas urbanísticas que, según ha afirmado, favorecen los intereses privados y atentan contra el modelo de ordenación del territorio que se había impulsado con el gobierno del Botànic. Y habla en términos de «involución».
Los Socialistas alegan a la totalidad del anteproyecto «por vulneración del principio de autonomía municipal y del modelo de planificación territorial compartida».
Otro aspecto criticado y por el cual alegan es el «silencio positivo» en la aprobación de informes sectoriales. Por otro lado, desde el PSPV-PSOE critican la eliminación de la perspectiva de género en la planificación, una medida que había sido introducida por el gobierno anterior.
Así como, la supresión de reservas mínimas obligatorias para la vivienda protegida, lo que, señala, favorece intereses privados. En palabras de Salvador se está «mercantilizando el derecho a la vivienda«.
La ex consellera de Vivienda critica que el objetivo con esta ley es: todo urbanizable», y denuncia que esta ley supone una «reclasificación encubierta de suelo no urbanizable» y una «mercantilización de lo público, del suelo, del territorio».
Salvador ha incidido en la pérdida de autonomía de los Ayuntamientos, que «no podrán decidir el modelo de ciudad que quiere para su municipio».
Maria Josep Ripoll
Ripoll, también secretaria de municipios del litoral en la ejecutiva nacional del PSPV-PSOE, ha incidido en la crítica a la «reclasificación de suelo no urbanizable». Al respecto, ha lamentado que se permitirá la reclasificación de terrenos incendiados, lo que pone en peligro el equilibrio ambiental de la región. Además «en los suelos rústicos protegidos, van a hacer compatibles que se puedan hacer otras instalaciones».
Ripoll ha denunciado que los Planes Generales Estructurales dejan de ser documentos vinculantes, y pasan a ser documentos orientativos. Esto, según la edil, eliminará la autonomía local para decidir el modelo de ciudad que desean sus habitantes, frente a las iniciativas privadas.
Otro de los aspectos criticados es la permisividad en la construcción en áreas con suelos urbanizables,«se pueden incrementar las densidades y edificabilidad, pese a los criterios del Plan General», y sin garantizar la creación de los equipamientos y dotaciones necesarias para mantener la calidad de vida. «Tendremos ciudades más densas, pero sin más espacios verdes ni servicios públicos, lo que resultará en un modelo urbano menos inclusivo y más mercantilista», ha advertido.
Al respecto, Grimalt ha añadido que mientras los ayuntamientos no dispondrán de suelo para hacer colegios, hospitales u otros equipamientos, «pero para eso estará la iniciativa privada».
