El Tribunal Supremo ha dado un giro inesperado al proceso judicial que afecta a varios exresponsables del Ayuntamiento de Calp, al ordenar que se emita una nueva sentencia en el marco del ‘Caso Brugal’. La sentencia original, dictada en octubre de 2022 por la Audiencia Provincial de Alicante, fue anulada por el Alto Tribunal debido a la exclusión de pruebas clave, como una intervención telefónica al empresario Ángel Fenoll, beneficiado por la concesión del servicio de tratamiento de basuras en 1998.
El Supremo considera que dicha intervención estaba debidamente autorizada y que las pruebas obtenidas a partir de ella no debieron ser excluidas.
La resolución del Supremo afecta directamente a los exalcaldes y extenientes de alcalde de Calpe: Javier Morató Vives, Fernando Penella y Juan Roselló. Estos tres exresponsables municipales habían sido condenados a penas de prisión e inhabilitación por delitos como cohecho, prevaricación y fraude a la Administración. Sin embargo, la sentencia excluyó pruebas que ahora el Supremo considera válidas. El Alto Tribunal ha ordenado que se emita una nueva sentencia que tenga en cuenta esas pruebas y que reevalúe las condenas.
¿Qué implicará la nueva sentencia?
En la sentencia original, los tres exresponsables de Calpe fueron condenados a dos años y medio de prisión, además de diez años de inhabilitación, aunque se les absolvió de los cargos de malversación de caudales públicos. En el caso de Roselló, también fue absuelto de blanqueo de capitales.
El empresario Ángel Fenoll fue condenado por los mismos delitos que los tres exediles, recibiendo una pena de dos años de prisión. La revisión del caso podría modificar estas penas, dependiendo de la nueva evaluación de las pruebas anuladas.
El ‘Caso Brugal’ sigue siendo un escándalo de gran calado en la Comunidad Valenciana, con implicaciones para diversas localidades, entre ellas Calp. La concesión del servicio de basuras en 1998 es solo una de las piezas de un entramado de corrupción que ha salpicado a varios municipios de la provincia. El fallo del Tribunal Supremo, que cuestiona la validez de la sentencia inicial, pone en evidencia que las investigaciones sobre corrupción en la gestión pública continúan avanzando, y la nueva sentencia podría cambiar el panorama judicial para los implicados en Calp.
