La Fiscalía de Área de Benidorm-Dénia ha iniciado diligencias de investigación en relación con las actividades realizadas en la parcela conocida como “Patmore”, situada en la Avenida de la Marina de Benissa, entre Cala Pinets y Cala La Llobella, tras una denuncia presentada por los grupos Reiniciem Benissa, Compromís y CIBE. Los denunciantes alertan sobre posibles delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
La Fiscalía ha solicitado a la Guardia Civil, a través de su unidad SEPRONA, que investigue las obras realizadas en la parcela, que incluyen la intervención de maquinaria pesada, la remoción del terreno y la destrucción de vegetación, sin contar con licencia, según afirman desde Salvem la Vall. También se ha pedido que se investigue si estas actuaciones son legalizables y si implican la tala de especies protegidas, como el Helianthemum caput-felis, catalogado como «Vulnerable».
Paralelamente, la Fiscalía ha requerido al Ayuntamiento de Benissa el expediente completo sobre la clasificación del suelo y la concesión de licencias para obras o urbanización. Además, los denunciantes han solicitado la paralización inmediata de las actividades en la zona para evitar daños irreversibles en uno de los últimos tramos de costa virgen del municipio.
El colectivo Salvem el Litoral, que también apoya la denuncia, considera que las actuaciones en la parcela podrían constituir una infracción administrativa grave o incluso un ilícito penal, dada la afectación a especies protegidas y a la biodiversidad.
¿Qué ocurre con la licencia?
En anteriores entrevista en Dénia FM 92.5, el alcalde de Benissa, Arturo Poquet defendió la legalidad del proyecto y la imposibilidad del consistorio para denegar las licencias correspondientes a dichos terrenos. «Recordemos que esta zona de Patmore es suelo urbano, y no se pueden rechazar dichas licencias. La ley urbanística se refiere a infraestructuras territoriales, repoblaciones forestales, explotaciones mineras o grandes industrias, y a suelo no urbanizable si quieren aferrarse a la destrucción del paisaje», comentaba el alcalde.
Asimismo, recuerdan a la oposición (CIBE, Compromís y Reiniciem Benissa) que no pueden insistir en que es suelo rural. «Desde el Plan Parcial de La Fustera en 1978, se delimitó como suelo urbano». Y remarca: «La ausencia de infraestructuras en suelo urbano no es motivo para suspender licencias. La empresa depositó un aval de 1,8 millones de euros».
Ante la opción de calificar la zona como ‘verde’, el ayuntamiento si podría calificar esos 44.000 m² pendientes de ejecución. Sin embargo, el consistorio tendría que adquirir igualmente los terrenos mediante expropiación, siendo una «suma descomunal que podría hipotecar el futuro de Benissa, y no estoy dispuesto a eso», comentó Poquet.
