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Xàbia acusa a la Diputación de Alicante de hacer caso omiso a sus peticiones

El Ayuntamiento reitera su petición de actuar en la carretera de la Cala Portitxol para evitar la aglomeración de vehículos estacionados
Acceso restringido para vehículos a la cala de la Granadella / Ayuntamiento de Xàbia

El Ayuntamiento de Xàbia acusa a la Diputación de Alicante de hacer caso omiso a las peticiones que el consistorio ha reiterado desde el pasado mes de octubre sobre la necesidad de actuar para atajar la aglomeración de vehículos estacionados en la carretera del Portitxol.

Tras la delicada situación vivida los pasados veranos, los técnicos municipales y la Policía Local recomendaron la instalación de vallas u otros elementos de protección a lo largo de un kilómetro y medio aproximadamente, para evitar el estacionamiento de vehículos a las aceras de la carretera CV-742, que da acceso a la Cala Portitxol.

Tras varios escritos y reuniones, el equipo de gobierno de Xàbia asegura que la Diputación mostró predisposición a atender esta demanda. No obstante, después de medio año de haberse solicitado, el Ayuntamiento acusa al gobierno provincial de obviar los argumentos policiales y resolver que con la colocación de ocho señales verticales de prohibición de estacionamiento era suficiente para solucionar el problema.

Como respuesta, en el plenario de mayo, el Ayuntamiento de Xàbia aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales una moción que, de nuevo, insistía en la urgencia de adoptar medidas disuasorias eficaces tanto para la seguridad vial como para garantizar el acceso de los vehículos en caso de emergencia.

A pocos días de empezar la temporada estival y con la previsión de posibles aglomeraciones en este vial, el consistorio afirma que la Diputación de Alicante sigue sin dar solución a esta problemática y ahora se excusa en plazos administrativos que podrían retrasar la adopción de medidas hasta pasar el verano. De hecho, según el Ayuntamiento de Xàbia, la respuesta a la petición unánime de pleno ha sido un escrito “tipo” en el que se limita a repasar normativa administrativa y a justificar que tiene tres meses para estudiar la petición.

El alcalde, José Chulvi, ha mostrado su preocupación por las consecuencias en la seguridad que tiene esta falta de interés, en asumir sus competencias en la carretera CV-742 y ha lamentado que ni la parte técnica ni política atienda una demanda que está perfectamente justificada.

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