En página política, el pleno de la corporación del Ayuntamiento de Dénia aprobaba, ayer por la tarde-noche, instar a la Generalitat Valenciana a la adquisición del Convento de Jesús Pobre.
Este proyecto, planteado por la Associació de Veïns de Jesús Pobre, se incluyó en la edición de Presupuestos participativos de 2021 del gobierno autonómico, con un montante de 1,5 millones de euros, para comprarlo a sus propietarios.
En la moción presentada por el equipo de gobierno, PSPV-PSOE y Compromís, se insta a la presidencia de la GVA, a la Conselleria de Cultura, la de Hacienda y la dirección general del Sector Público y Patrimonio, a que manifiesten su compromiso inequívoco de adquisición del Convento de Jesús Pobre y se lo comuniquen a la propiedad del mismo.
Asimismo, se insta a la dirección general de Patrimonio y Conselleria de Hacienda que se proceda a culminar el expediente administrativo correspondiente a la adquisición del convento, teniendo en cuenta su valor histórico, patrimonial, arquitectónico, cultural, ordenando la modificación de crédito presupuestario de 2023 o de remanente de a tal fin.
La moción obtenía el apoyo de GD y Vox, pero no así del PP, que votaba en contra.
Entre las razones que exponían los grupos políticos para defender dicha adquisición destaca “el valor histórico, patrimonial, arquitectónico y cultural que tiene el convento de Jesús Pobre”. De tal forma se podría garantizar la protección y conservación del convento, que formaría parte patrimonio cultural valenciano, y los ciudadanos de Dénia podrían visitarlo libremente.
Desde el equipo de gobierno, promotor de la moción, se señalaba que los cinco co-propietarios del convento ya manifestaron su voluntad expresa de venta de la propiedad del convento y jardines adyacentes a la Generalitat.
Los Populares criticaban que había sido la falta de interés del gobierno del Botànic el que provocó la pérdida de esos 1,5 millones de euros de los Presupuestos Participativos.
Desde esta bancada se criticaba que se culpe al actual gobierno autonómico de la paralización del expediente cuando, señalan, no existe ningún expediente para su compra en la Generalitat. Apuntando que el gobierno del Botànic no había reservado partida económica suficiente en los años 2022 y 23, por lo que, a su juicio, no se puede culpar a las elecciones de mayo, la paralización de la compra. Y afirman que si PSPV y Compromís hubieran ganado las elecciones, tampoco se hubiera podido ejecutar su compra porque no existe expediente para ello.
