Política

La Conselleria alegará contra el deslinde de Costas en Dénia

El director general de Puertos da a conocer que "hay uno en marcha y ahora se han convocado dos tramos más"

El Ministerio tiene previsto dos deslindes más en la costa de Dénia. Así lo ha dado a conocer el director general de Puertos, Aeropuertos y Costas, Vicente Martínez Mus, en la reunión mantenida con representantes de la la Asociación de Afectados por la Ley de Costas de Dénia, y la líder del PP en la ciudad, Pepa Font.

En el encuentro, Martínez ha anunciado a los vecinos afectados que la Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, presentará alegaciones a todos los deslindes propuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la costa de la Comunitat Valenciana y que “merman los derechos de los vecinos perjudicados, ya que el territorio afectado pasa a ser propiedad pública”.

Según el responsable autonómico, con esta medida “la Generalitat se coloca al lado de los vecinos frente al expolio injustificado que el Gobierno de Sánchez quiere hacer en nuestra costa, ya que se trata de un hecho muy dramático y traumático allí donde se producen los deslindes”.

Para el director general “allí donde hay problemas de regresión, donde se está perdiendo playa, en lugar de hacer las obras de recuperación pertinentes, lo que se hace es quitar la propiedad a los vecinos que han ido perdiendo terreno delante del mar”.

En la Comunitat Valenciana los últimos expedientes de deslinde han sido en las costas de Puçol, Bellreguard y Dénia. En este último, ha indicado Martínez Mus, “hay uno en marcha y ahora se han convocado dos tramos más”.

En este sentido, el director general ha reiterado que la Conselleria va a alegar en todos los procedimientos de deslinde, y, concretamente en el de Dénia, Martínez Mus ha comunicado a los vecinos que, el próximo 7 de noviembre, día en que se celebrará el acto de delimitación de los terrenos, comparecerá en representación de la Generalitat para presentar todas las alegaciones que se estimen oportunas.

Así ha explicado que, “a través de un acto administrativo, que viene a ser una orden ministerial, se traza una línea y todo lo que queda dentro pasa a ser propiedad estatal, de dominio público marítimo terrestre y cualquier vivienda o construcción que esté dentro ve reducidos sus derechos, aunque tenga escritura”.

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