Societat

La promotora del PAI de Llíber intenta neutralizar las denuncias recibidas

Tras las recientes manifestaciones convocadas por Salvem la Vall y Compromís, el grupo VAPF ha emitido un comunicado para paliar la controversia

El desarrollo del proyecto urbanístico en Medina Llíber, está creando un ambiente controvertido desde que la plataforma Salvem La Vall haya levantado la voz, acusando de posibles impactos negativos sobre el entorno natural y los recursos hídricos del territorio. Sin embargo, desde el equipo de Medina Llíber, la promotora del PAI y perteneciente al grupo VAPF se defienden aportando argumentos que contrarrestan la denuncia por parte de las asociaciones.

Los promotores de la urbanización insisten en que se trata de un proyecto planificado con criterios de sostenibilidad y respeto medioambiental. Alegan que la urbanización no se asienta en áreas protegidas y que se han implementado medidas avanzadas de eficiencia energética y gestión de residuos. Además, destacan que Medina Llíber no constituye una amenaza para los recursos hídricos ni para el entorno natural circundante, ya que la parte del terreno ocupada representa un porcentaje mínimo en comparación con otras zonas residenciales extensivas ya existentes en La Vall del Pop.

Medina Llíber Informa

La polémica se agudiza con las acusaciones de intereses políticos por parte de Compromís, especialmente tras su paso por la dirección de la Conselleria de Medio Natural y Evaluación Ambiental durante los últimos 8 años sin establecer medidas de protección para la zona. La promotora se cuestiona si las críticas actuales son genuinas o motivadas por agendas partidistas.

Ante esta situación, se ha puesto en marcha una campaña informativa, Medina Lliber Informa, para proporcionar a los ciudadanos información detallada sobre el proyecto y desmentir, según la promotora, las falsedades difundidas. Se invita a la población a consultar los canales de comunicación habilitados y a acceder al documento oficial que respalda la legalidad y sostenibilidad del proyecto.

Con opiniones encontradas y argumentos en conflicto, la comunidad queda dividida entre el desarrollo económico sostenible y la protección del medio ambiente, serán las autoridades competentes las que deberán esclarecer las dudas y garantizar la transparencia en el proceso.

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