
Nueva página en el marco de los deslindes en Dénia. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha confirmado que la Generalitat ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que aprueba el deslinde de los bienes de dominio público en la playa de Les Deveses de Dénia.
Según ha explicado Martínez Mus, esta acción responde al compromiso adquirido con las asociaciones de afectados. «La Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos que encabeza Marc García Manzana cumple así su compromiso con las asociaciones de afectados de recurrir, tanto por vía judicial como por vía administrativa, los diferentes deslindes que ha impulsado el Ejecutivo central», ha afirmado.

Consecuencias del deslinde
El deslinde, que fue aprobado de manera definitiva por el Gobierno antes de las pasadas navidades, ha generado preocupación entre los residentes. Martínez Mus ha subrayado que «centenares de residentes van a ver sus viviendas incluidas en dominio público, lo que implica que perderán la propiedad total o parcial de sus casas o parcelas, que, a partir de ahora, solo podrán disfrutar como una concesión del Estado».
Desde la Generalitat ya se habían mantenido contactos con los vecinos afectados. En enero, el conseller se reunió con ellos para exponer las medidas que el Consell tenía previstas «para contrarrestar la usurpación de propiedades privadas«, entre ellas el recurso ahora presentado.

Legislación autonómica
El conseller también ha puesto el foco en la futura Ley de Protección y Ordenación de la Costa de la Comunitat Valenciana, que actualmente está en tramitación en Les Corts. Asimismo lo recalcó durante una manifestación en Dénia el pasado 22 de febrero, donde Marc García, Director General de Costes de la Generalitat, ponía el foco en esa nueva ley valenciana de la costa.
Con esta medida, ha concluido, «se reafirma el compromiso del Consell de establecer una ley autonómica que responda a las competencias que establece el Estatuto de Autonomía».