El grupo municipal VOX de Dénia ha presentado una moción a debatir en el próximo pleno de la corporación municipal del Ayuntamiento que rechaza la regularización masiva de inmigrantes en situación ilegal y defiende el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas y servicios públicos.
La moción, presentada por el portavoz municipal Félix Redondo, argumenta que la regularización genera una mayor presión sobre los servicios públicos locales, como la sanidad, la educación y la vivienda, y compromete la cohesión social.
Además, propone que el Ayuntamiento de Dénia priorice a los ciudadanos españoles y a los vecinos dianenses en la asignación de recursos públicos, instando al Gobierno a revisar las políticas migratorias.
Reproducimos la moción íntegramente:
«MOCIÓN SOBRE LA REGULARIZACIÓN MASIVA DE INMIGRANTES ILEGALES Y LA DEFENSA DEL PRINCIPIO DE PRIORIDAD NACIONAL AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE DÉNIA
Don Félix José Redondo Belzunce, Portavoz del GM VOX DENIA, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Denia, presenta para su debate y aprobación la siguiente
MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.
El modelo migratorio desarrollado durante las últimas décadas en España por los sucesivos gobiernos ha estado marcado por políticas de puertas abiertas, efecto llamada y ausencia de control eficaz de nuestras fronteras.
Como consecuencia:
• En el año 2000, la población extranjera representaba menos del 4% del total; en 2026 supera el 20%.
• En los últimos cinco años han llegado cerca de tres millones de extranjeros.
• Solo en el último año han llegado más de 1.200.000 personas.
Este cambio no responde a una evolución natural, sino a una transformación profunda y deliberada de la sociedad española, impulsada por los sucesivos gobiernos del bipartidismo, que han optado no ya por tolerar, sino por fomentar un proceso de inmigración masiva.
Esta evolución ha tenido un impacto directo sobre el Estado de bienestar, construido por generaciones de españoles, generando una creciente presión sobre:
• Servicios sociales.
• Sistema sanitario.
• Vivienda.
• Prestaciones públicas.
Según datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el año 2024 los beneficiarios extranjeros del Ingreso Mínimo Vital representaron aproximadamente el 28,7% del total, alcanzando porcentajes superiores en determinadas comunidades autónomas. Asimismo, datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sitúan en torno a 465 millones de euros el gasto en rentas mínimas de inserción destinadas a población extranjera. El Ministerio de Trabajo y Economía Social indica que el 13,4% de las prestaciones por desempleo corresponden a ciudadanos extranjeros. De manera simultánea, el sistema de salud pública enfrenta niveles sin precedentes de demanda asistencial, evidenciados por la existencia de más de 850.000 personas en lista de espera para intervenciones quirúrgicas, lo cual pone de manifiesto la significativa presión ejercida sobre los servicios públicos.
SEGUNDO.
Las recientes decisiones del Gobierno, orientadas a la regularización de (aproximadamente) 500.000 inmigrantes en situación ilegal suponen un cambio de enorme impacto.
Estas medidas tienen a medio plazo un innegable propósito electoral: conseguir nacionalizaciones masivas que proporcionen millones de votos a los partidos de izquierda especialmente implicados en el fomento de la inmigración masiva.
Esto no es una suposición: es público y notorio que la decisión del Gobierno de proceder a la regularización masiva de inmigrantes ilegales, aunque asumida como propia sin ningún problema, obedeció a un pacto suscrito en enero de este año 2026 con el partido Podemos; y que Irene Montero, dirigente de dicha formación, proclamó el día 31 de ese mes lo siguiente: “ojalá teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora, claro que yo quiero que haya reemplazo”.
En todo caso, es inaceptable que personas que han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad sean posteriormente recompensadas mediante procesos de regularización que no solo desvirtúan el propio ordenamiento jurídico, sino que envían un mensaje inequívoco de impunidad y estímulo a la infracción de nuestras normas. Y también lo es que cualquier extranjero que vea regularizada su situación mediante la obtención de un permiso de residencia acceda, de forma inmediata, a un conjunto de ayudas y prestaciones que resultan inaccesibles para los propios españoles que las sufragan con su esfuerzo.
Estas personas pasarían a tener acceso pleno a:
• Sanidad pública.
• Prestaciones sociales.
• Ayudas al alquiler.
• Becas educativas.
• Transporte público gratuito.
• Ingreso Mínimo Vital.
Desde VOX, creemos que todas y cada una de estas medidas:
• Contribuyen a un aumento de la inmigración irregular, alentando también lo que se conoce como efecto llamada.
• Generan un agravio comparativo con los españoles.
• Incrementan la presión sobre los servicios públicos.
• Comprometen la sostenibilidad del Estado de bienestar.
TERCERO.
En el caso concreto de Dénia, estas políticas tendrán un impacto especialmente negativo debido a sus características propias:
1. Presión sobre la vivienda:
Dénia sufre ya una fuerte tensión en el acceso a la vivienda por el turismo y la escasez de oferta y la llegada incontrolada de nuevos demandantes incrementará los precios y dificultará aún más el acceso a jóvenes y familias locales.
2. Saturación de servicios sociales municipales tales como:
Incremento de solicitudes de ayudas de emergencia, alquiler y prestaciones básicas.
Sobrecarga de los servicios sociales del Ayuntamiento.
3. Impacto en la sanidad comarcal:
Los centros de salud y hospitales, que ya operan con alta demanda, experimentarán un incremento en la solicitud de servicios, lo que probablemente resultará en mayores tiempos de espera para los usuarios.
4. Impacto en la educación:
El incremento sostenido del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares públicos, frecuentemente asociado a barreras idiomáticas y a procesos de integración, está generando una mayor carga sobre el profesorado. Esta situación requiere la implementación de recursos adicionales, como aulas de refuerzo, profesorado de apoyo y mediadores culturales, y plantea retos para mantener ratios adecuadas. Todo ello repercute en la calidad educativa y en la atención individualizada del alumnado, incidiendo tanto en los estudiantes como en el funcionamiento general del sistema educativo en municipios como Dénia.
5. Deterioro de la convivencia y cohesión social:
Desde VOX, creemos que el crecimiento acelerado de la población y la falta de integración de los nuevos residentes puede generar fricciones entre los distintos colectivos, dificultando la convivencia y el mantenimiento de la cohesión social. Esta situación repercute negativamente en el bienestar y la calidad de vida de quienes residen en Dénia.
6. Impacto económico municipal:
Un aumento del gasto público local que no se acompaña de una elevación proporcional de los ingresos puede ocasionar un incremento en la carga fiscal sobre quienes ya contribuyen al sostenimiento del sistema. Además, existe la necesidad de asignar más recursos a la asistencia social, lo que podría afectar la disponibilidad de fondos para otros servicios públicos.
CUARTO.
Frente a esta situación, se defiende la aplicación del principio de prioridad nacional.
Desde el GM VOX Denia sostenemos que:
• Es de justicia priorizar a los españoles en el acceso a ayudas públicas.
• El Estado debe proteger primero a quienes sostienen el sistema.
• La gestión de recursos limitados exige establecer prioridades.
La prioridad nacional:
• No es arbitraria, sino un criterio de justicia social.
• Permite garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar.
• Reduce el efecto llamada de la inmigración ilegal.
• Refuerza la cohesión social.
Todo esto no contradice la dignidad humana, garantizándose siempre la atención en situaciones de urgencia vital, sino que constituye una herramienta legítima de política pública.
Este principio ya ha sido incorporado en acuerdos institucionales recientes como el de Extremadura, demostrando su viabilidad.
ACUERDOS:
El Ayuntamiento de Dénia acuerda rechazar la regularización masiva de inmigrantes en situación ilegal por considerar que genera un impacto negativo en la sostenibilidad de los servicios públicos, en la cohesión social y en el acceso a recursos básicos por parte de los vecinos del municipio.
Asimismo, acuerda defender la aplicación del principio de prioridad nacional en el ámbito local, garantizando que el acceso a ayudas sociales, vivienda pública y prestaciones municipales priorice a los ciudadanos españoles, especialmente a los vecinos empadronados en Dénia que contribuyen al sostenimiento del sistema.
Del mismo modo, el Ayuntamiento insta al Gobierno de España a reforzar el control de la inmigración irregular, a revisar y derogar aquellas medidas que favorezcan procesos de regularización masiva y a adoptar políticas que garanticen la sostenibilidad del Estado de bienestar.
Igualmente, se acuerda que las políticas municipales de vivienda prioricen el acceso de jóvenes y familias de Dénia, garantizando que las ayudas al alquiler, la vivienda social y los programas de apoyo habitacional beneficien en primer lugar a los vecinos del municipio.
Se acuerda también promover una gestión responsable de los servicios públicos municipales, asegurando su sostenibilidad y limitando su acceso en aquellos supuestos no esenciales cuando se trate de personas en situación irregular, sin perjuicio de garantizar en todo momento la atención en situaciones de urgencia vital.
Finalmente, el Ayuntamiento acuerda evaluar de forma periódica el impacto económico y social de las políticas migratorias en el municipio de Dénia, así como dar traslado de la presente moción al Gobierno de España y a las instituciones competentes.»
