Sociedad

Dénia impulsa una ordenanza pionera en la Comunitat Valenciana contra la explotación sexual

El concejal Javier Scotto afirma que, por primera vez, se regula, expresamente, la prohibición de la explotación sexual como actividad económica
El concejal de Igualdad y Diversidad de Dénia, Javier Scotto, en la presentación de la ordenanza / Kyra Noguera

El Ayuntamiento de Dénia llevará al próximo pleno municipal una nueva ordenanza para la erradicación de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual.

El concejal de Igualdad y Diversidad, Javier Scotto, ha presentado una normativa que ha definido como pionera en la Comunitat Valenciana, especialmente por incorporar mecanismos para actuar también contra la explotación sexual que se desarrolla en espacios privados.

La propuesta representa, según Scotto, “un paso decisivo” en el compromiso municipal con la defensa de los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra las distintas formas de violencia ejercidas sobre las mujeres. La ordenanza parte de un principio fundamental: las mujeres en situación de prostitución, trata o explotación sexual serán consideradas víctimas y no podrán ser sancionadas.

La aprobación de la nueva normativa supondrá también la derogación del artículo 12 de la actual Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que responsabilizaba tanto a quien solicitaba como a quien ofrecía servicios sexuales en la vía pública. Con el nuevo texto, la actuación administrativa se dirigirá contra los demandantes de prostitución, los proxenetas, los explotadores, los intermediarios y quienes publiciten o promuevan este sistema.

Actividad económica prohibida

La principal novedad del texto es la consideración expresa de la explotación sexual como una actividad económica ilícita y prohibida. Esta figura permitirá al Ayuntamiento actuar administrativamente no solo ante las conductas desarrolladas en la vía pública, sino también contra la actividad organizada en pisos, chalés, clubes y otros locales.

Scotto ha explicado que la tramitación se ha prolongado durante dos años precisamente para adaptar la respuesta municipal a la transformación del sistema prostitucional. Según el concejal, la explotación sexual ya no se produce exclusivamente en la calle, sino que se ha desplazado progresivamente hacia inmuebles privados, donde resulta más difícil de detectar y perseguir.

El edil ha advertido de la proliferación en Dénia y la Marina Alta de pisos, chalés y locales destinados a la prostitución, frecuentemente promocionados mediante contactos digitales. La ordenanza busca impedir que la utilización de espacios privados o plataformas digitales sirva para ocultar una actividad que el Ayuntamiento considera contraria a los derechos y la dignidad de las mujeres.

“Esa actividad siempre será considerada por la ordenanza como ilícita y prohibida”, ha señalado Scotto. Al no poder obtener una autorización municipal para su ejercicio, podrá ser perseguida y sancionada por la vía administrativa. El concejal ha presentado esta regulación del ámbito privado como el elemento que diferencia la propuesta de Dénia de otros modelos municipales centrados principalmente en las conductas realizadas en espacios públicos.

Sanciones

El régimen sancionador establece multas de entre 500 y 750 euros para las infracciones leves, de 750 a 1.500 euros para las graves y de 1.500 a 3.000 euros para las muy graves.

Entre las infracciones leves estará la colocación, distribución o difusión de publicidad que fomente la prostitución o el denominado turismo sexual en espacios públicos o en soportes visibles desde la vía pública.

La ordenanza considerará infracción grave ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, de manera directa o indirecta, servicios sexuales a cambio de dinero, pagos en especie o cualquier otra contraprestación. No será necesario que el pago llegue a producirse para que la proposición pueda ser sancionada.

También se sancionará a quienes proporcionen medios, instrumentos o espacios para facilitar la prostitución o la explotación sexual; a quienes vigilen la actividad o alerten de la presencia policial; y a quienes promocionen servicios sexuales mediante soportes publicitarios visibles desde el espacio público.

Las conductas pasarán a ser muy graves cuando se produzcan a menos de 200 metros de centros educativos, lugares de afluencia infantil o juvenil, actos públicos, instalaciones culturales, espacios festivos o deportivos. También tendrán esta consideración cuando se desarrollen en zonas que incrementen la vulnerabilidad de las mujeres por su aislamiento, falta de iluminación, inseguridad, insalubridad o dificultad para escapar.

Protección y acompañamiento para las víctimas

La ordenanza no se limitará a la imposición de sanciones. El texto contempla actuaciones permanentes de sensibilización, coordinación institucional, inspección de actividades y cooperación con entidades especializadas. También prevé programas orientados a la recuperación personal y a la inserción social y laboral de las mujeres afectadas.

Scotto ha insistido en que la prostitución no debe entenderse como una prestación de servicios ni como una actividad laboral libremente elegida. Desde el planteamiento de la ordenanza, constituye una forma de violencia de género vinculada a situaciones de desigualdad, vulnerabilidad, agresiones sexuales, malos tratos, estigmatización y graves daños para la salud física y mental.

La elaboración de la norma ha contado con la participación de los departamentos municipales de Igualdad, Policía Local, Actividades, Servicios Sociales y Servicios Jurídicos. El proyecto también fue presentado ante el Consell de les Dones.

Modelo para la Marina Alta

El Ayuntamiento pretende trasladar el modelo a la red comarcal de igualdad para que pueda ser replicado por otros municipios de la Marina Alta. El objetivo es ofrecer una respuesta coordinada que abarque la explotación sexual en la calle, los pisos, los clubes y las plataformas digitales, y evitar que estas actividades se desplacen hacia localidades que todavía no dispongan de una regulación específica.

El concejal ha pedido además la colaboración ciudadana para detectar posibles pisos o establecimientos utilizados para la explotación sexual.

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