El Partido Popular de Calpe ha solicitado la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces extraordinaria para abordar las consecuencias de la huelga indefinida de los trabajadores de Acciona, empresa adjudicataria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria del municipio.
La formación quiere que el Gobierno local detalle las actuaciones realizadas desde el inicio del conflicto laboral y explique qué medidas tiene previstas en caso de que la huelga continúe. La petición llega en un contexto marcado por incidencias en la prestación del servicio y acumulaciones de residuos en distintos puntos de Calpe.
Desde el PP resumen su petición en los siguientes términos: “Hemos solicitado una Junta de Portavoces extraordinaria para conocer los informes, las medidas adoptadas y las actuaciones previstas si el conflicto se prolonga”.
Información sobre los servicios mínimos
Entre las cuestiones que el grupo popular pretende abordar se encuentra el grado de cumplimiento de los servicios mínimos establecidos durante la huelga.
Según la información difundida por el PP, estos mínimos se sitúan en un 70% para la recogida y transporte de residuos y en un 60% para la limpieza viaria. La formación sostiene además que el propio Ayuntamiento ha reconocido dificultades en la prestación del servicio y que se estarían estudiando posibles sanciones a la empresa concesionaria.
Los populares quieren conocer también los informes técnicos elaborados desde el inicio de la huelga y las medidas que haya podido adoptar el Ayuntamiento ante Acciona por eventuales incumplimientos.
Otro de los puntos que plantean es la existencia de un plan de contingencia que permita afrontar una eventual prolongación de la huelga y reducir su impacto sobre la limpieza y la recogida de residuos en el municipio.
Un contrato de más de 35 millones
El debate se produce en torno a uno de los principales contratos de servicios municipales de Calpe. De acuerdo con los datos facilitados por el PP, la adjudicación a Acciona asciende a 35.216.866,90 euros, sin IVA, por un periodo de nueve años.
La formación recuerda que el contrato contempla mecanismos de inspección y control, reducciones en las certificaciones económicas cuando determinados servicios no se presten y un régimen sancionador.
El PP considera que la externalización del servicio no elimina las responsabilidades municipales en materia de supervisión. En su comunicado sostiene que corresponde al Ayuntamiento de Calpe controlar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato y adoptar las medidas oportunas cuando se produzcan deficiencias.
Disposición a reunirse con los trabajadores
El grupo popular también ha trasladado su disposición a mantener un encuentro con los trabajadores de Acciona para conocer directamente su situación y sus reivindicaciones durante el conflicto.
Sobre la huelga, el partido señala: “Respetamos su derecho a reclamar y entendemos que es la empresa quien debe negociar. Pero el Ayuntamiento tiene la obligación de controlar el contrato y cuidar de nuestro pueblo”.
De este modo, el PP diferencia entre la negociación laboral, que atribuye a la empresa y sus trabajadores, y la función de control que considera que debe ejercer el consistorio como administración responsable del servicio.
La formación ha anunciado que continuará fiscalizando la actuación del Gobierno local y reclamando información sobre la evolución de la prestación mientras se mantenga el conflicto laboral.
