La disponibilidad de agua vuelve a situarse en el centro de la controversia sobre el PAI de Llíber, el desarrollo urbanístico previsto en la Muntanya Llarga que contempla la construcción de unas 500 viviendas con piscina.
La asociación Salvem la Vall ha denunciado que las obras continúan avanzando mientras, según señala, persisten las dudas sobre el origen de los recursos hídricos necesarios para abastecer la futura urbanización. La entidad contrapone esta situación con las medidas de ahorro que se trasladan a los vecinos de la Vall de Pop durante los periodos de mayor presión sobre el suministro.
La plataforma acusa a la promotora VAPF, al Ayuntamiento de Llíber y a la Generalitat Valenciana de tratar de consolidar el proyecto mediante una política de hechos consumados. Según Salvem la Vall, la ejecución avanza pese a que existen procedimientos judiciales relacionados con el PAI pendientes de revisión por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El pozo previsto no tiene suficiente agua
Uno de los principales argumentos de la asociación se refiere al origen del agua prevista para el nuevo desarrollo residencial.
Salvem la Vall asegura que, durante la última vista judicial, tanto VAPF como el Ayuntamiento de Llíber reconocieron que el pozo anunciado en 2023 no dispone finalmente del agua necesaria y que tampoco se habría obtenido una concesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar para ese recurso.
Siempre según la versión de la plataforma, la alternativa planteada ahora pasaría por obtener agua vinculada a los recursos de Parcent y Xaló.
La entidad sostiene además que el municipio de Llíber ya supera actualmente el volumen anual correspondiente a la concesión de la que dispone y advierte de que esta situación se produciría sin contabilizar todavía las necesidades de consumo que generaría el PAI Medina.
La antigüedad del proyecto, otra cuestión jurídica
La disponibilidad de agua también forma parte de la discusión jurídica en torno al desarrollo.
De acuerdo con Salvem la Vall, la promotora y el Ayuntamiento han defendido en las últimas vistas judiciales que no tienen que acreditar recursos hídricos suficientes porque el inicio de la tramitación administrativa del proyecto es anterior a la normativa que exige disponer de una concesión de agua para aprobar este tipo de actuaciones urbanísticas.
La asociación indica, sin embargo, que los servicios jurídicos de ayuntamientos, entidades y formaciones políticas contrarias al PAI mantienen una interpretación diferente.
Según esta posición, aunque los antecedentes urbanísticos del proyecto y los cambios en la clasificación del suelo se remontan a unos 25 años atrás, la aprobación definitiva del PAI se produjo en 2021, circunstancia que consideran relevante a la hora de determinar qué requisitos deben aplicarse.
El contraste con las peticiones de ahorro
Salvem la Vall cuestiona especialmente que el desarrollo siga adelante en un momento en el que la gestión del agua se ha convertido en una preocupación recurrente para los municipios del interior de la Marina Alta.
La asociación considera contradictorio “exigir a la ciudadanía este mes de julio que racione el agua y, al mismo tiempo, permitir que se construyan 500 chalés más con piscina sin concesión hídrica”.
El colectivo entiende que la discusión sobre el proyecto no debe limitarse a su tramitación urbanística y reclama que también se valore la capacidad de los municipios de la Vall de Pop para garantizar el suministro presente y futuro.
Temor al encarecimiento del agua
Además del impacto sobre las reservas disponibles, Salvem la Vall advierte de las posibles consecuencias económicas de una mayor presión sobre los recursos hídricos.
“El sistema falla y la realidad es que se conduce a la ruina hídrica a los pueblos y a la ciudadanía de la Vall de Pop”, afirma la plataforma.
La asociación considera que una situación continuada de escasez podría acabar repercutiendo en el precio que pagan las familias y afectar especialmente a quienes disponen de menos recursos económicos.
“En pocos años, la falta de agua provocará una subida brutal de la factura de consumo que solo podrán pagar residentes europeos ricos. Nos expulsarán por el precio de las casas, por el precio del agua y por el precio de los alimentos”, advierte Salvem la Vall.
La plataforma vuelve a reclamar que la garantía de suministro hídrico sea uno de los elementos centrales a la hora de valorar la ejecución del PAI de Llíber, un proyecto que continúa generando controversia entre sus promotores y los colectivos y administraciones que se oponen a su desarrollo.
