La Asociación de Promotores de la Comarca de Dénia denuncia una situación de parálisis urbanística en el municipio, marcada, según la entidad, por irregularidades administrativas e inseguridad jurídica.
Critica la suspensión indefinida de licencias, la gestión de los aprovechamientos urbanísticos y determinadas desclasificaciones de suelo.
La asociación está pendiente de la sentencia sobre el recurso interpuesto contra la totalidad del Plan General Estructural de Dénia, aprobado en 2023.
Además, cuestiona la actuación del Ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana y advierte de posibles responsabilidades patrimoniales. Si se anula el planeamiento, anuncia que estudiará acudir a la vía penal contra los responsables que considera implicados.
Reproducimos íntegramente el comunicado:
«Tras la sesión celebrada por la Junta Directiva de la Asociación de Promotores de la Comarca de Dénia, el balance sobre el presente y futuro urbanístico de nuestra ciudad no puede ser más alarmante. Nos encontramos ante una espiral de litigios judiciales derivada de una gestión cuestionable: la suspensión arbitraria e indefinida en el tiempo de licencias urbanísticas, irregularidades en la gestión aprovechamientos urbanísticos y su monetarización, pormenorizados sin informes preceptivos de la Dirección General de Urbanismo y como no, desclasificaciones de suelo basadas en supuestas ocupaciones de monte público de errática justificación documental, sobre las cuales ya han sido informados por parte de esta Asociación, los máximos responsables institucionales con competencia al respecto, el Alcalde Dénia y el President de la Generalitat.
Esta cadena de anomalías no sólo asfixia la actividad económica, sino que socava la seguridad jurídica elemental de propietarios y ciudadanos. Ante este escenario, la Asociación ha decidido aguardar con prudencia la inminente sentencia del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la totalidad del Plan General Estructural (PGE), actualmente desde hace más de un año, visto para sentencia.
Este pronunciamiento judicial será el termómetro definitivo que acredite el calado de los vicios cometidos bajo la responsabilidad de su promotor, un Ayuntamiento de Dénia cuya área de urbanismo lidera la concejala María Josep Ripoll, principal responsable del caos urbanístico al que somete al conjunto de la ciudadanía por el quebrantamiento sistemático de las normas y el perjuicio deliberado al interés general. Mientras tanto, el actual Director General de Urbanismo de la Generalitat Valenciana, parece pretender agotar la legislatura manteniéndose complaciente ante tanto abuso administrativo y pernicioso desvío de poder.
Sin embargo, cabe recordar que la mayor afrenta al interés general reside en la cláusula impuesta in extremis por la Generalitat Valenciana para exonerarse de responsabilidades patrimoniales con la aprobación del PGE de abril de 2023, trasladando todo el riesgo indemnizatorio al Ayuntamiento y a los vecinos de Dénia.
De ratificarse la nulidad del plan, valoraremos en ese nuevo contexto y situación documental, el acudir a la vía penal frente a los cargos políticos y funcionarios responsables. No por simple discrepancia administrativa, sino acreditando un dolo manifiesto e insubsanable: una maniobra arbitraria, a sabiendas de su injusticia, que vulnera la responsabilidad solidaria de ambas administraciones1 cargando sobre la ciudadanía las consecuencias de una gestión intolerable.
Carlos Pesquera Gutiérrez,
Presidente de la Asociación de Promotores de la Comarca de Dénia»
