La Generalitat Valenciana ha sancionado al secretario-interventor del Ayuntamiento de Benitatxell, Jesús Castro, por negarse a pagar facturas aprobadas por la Junta de Gobierno Local y obstaculizar el funcionamiento de los servicios municipales. Así lo recoge una resolución definitiva de la Dirección General de Administración Local, tras la apertura de expediente disciplinario el pasado mes de abril de 2021.
Se le imponen dos sanciones: la suspensión de funciones por 6 meses y la destitución de su puesto de trabajo de Secretario- Interventor del Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell.
Según el documento, se le imponen dos sanciones. Por una parte, la suspensión de funciones por 6 meses por la “comisión de una falta de desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior” por negarse “al abono, como responsable de la Intervención municipal, de determinadas facturas […] con negación expresa ante los requerimientos por escrito de la Alcaldía Presidencia”.
En segundo lugar, se le impone una sanción de destitución de su puesto de trabajo de Secretario- Interventor del Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell, al quedar demostrado que “ha venido realizando una permanente obstaculización del normal funcionamiento de los servicios públicos municipales, elaborando informes (sobre todo de reparos en su función fiscalizadora) fuera de los plazos ordinarios de una buena práctica administrativa, y sin justificar o demostrar las causas de dichos retrasos”.
Esta decisión de la Dirección General se hizo efectiva el lunes, 16 de mayo, al notificarle el Ayuntamiento de forma oficial a Jesús Castro su baja definitiva en la plantilla municipal. El funcionario sancionado deberá buscar destino en otro municipio, una vez haya cumplido el periodo de suspensión que se le ha impuesto.
El equipo de gobierno municipal lamenta haber tenido que llegar a este desenlace. Los actuales responsables del Consistorio valoran a los empleados municipales como el principal activo que tiene el Ayuntamiento, ya que, sin ellos, no podrían funcionar los servicios públicos. Sin embargo, en este caso, la actitud persistente del ya ex secretario no dejó opción a las administraciones municipal y autonómica.
La motivación del gobierno para solicitar la incoación de expediente disciplinario
El equipo de gobierno municipal solicitó a la Dirección General de Administración Local incoar expediente disciplinario a Castro en un pleno extraordinario de diciembre de 2020. Los hechos se remontan al 28 de octubre de 2020, día en que se celebró una Junta de Gobierno Local que incluía la aprobación de un listado de facturas. Al no constar en el expediente ninguna objeción de Intervención formulada en tiempo y forma, se aprobó por unanimidad de los asistentes el pago de las facturas.
Sin embargo, al día siguiente, el secretario interventor manifestó que no tenía intención de remitir las transferencias bancarias y, posteriormente, desatendió la orden de pago emitida por la Alcaldía. Cumpliendo su amenaza, el 3 de noviembre rechazó la firma de la remesa de transferencias bancarias y, finalmente, el 4 de noviembre elaboró un documento con el título ‘Informe de Reparos’, en el cual manifestaba su disconformidad con la aprobación de aquellas facturas.
El informe fue elaborado siete días después de que la Junta de Gobierno acordara la aprobación, cosa que supone una «flagrante vulneración» del artículo 215 de la Ley de Haciendas Locales, que exige que la objeción se formule con anterioridad a la adopción del acuerdo.
El gobierno local también denunció varias actuaciones similares de Castro en otros procedimientos administrativos, así como la «parálisis generalizada» que estaba causando en el funcionamiento del Ayuntamiento, con trabas injustificadas a trámites habituales y ordinarios a los que no había puesto ninguna objeción durante el mandato de las anteriores corporaciones.
