Dénia ha experimentado en el último año una significativa caída en su capacidad de alojamiento turístico reglado, con efectos directos sobre la economía local, según denuncia el informe elaborado por la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana (APTURCV).
El documento, que se ha generado a partir de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la herramienta de inteligencia empresarial InAtlas, cifra en 22 millones de euros la pérdida anual de gasto turístico vinculada a la reducción de la oferta legal de viviendas de uso turístico (VUT).
Según el informe, el número de VUT activas ha descendido un 25,64%, al pasar de 1.474 en 2024 a 1.096 en 2025. En términos económicos, el gasto asociado a este tipo de alojamiento se habría reducido de 130 millones de euros a 108 millones en un año.
Menos oferta, menor impacto económico
El análisis sostiene que la disminución de plazas disponibles ha tenido una repercusión directa en sectores como la hostelería, el comercio de proximidad y los servicios locales, principales receptores del gasto de los visitantes.
Desde APTURCV recuerdan que Dénia mantiene un perfil de destino familiar, caracterizado por estancias medias prolongadas y un modelo de visitante que “habita temporalmente el territorio”, lo que, a su juicio, genera un impacto económico sostenido y distribuido en el tejido urbano.
La asociación atribuye la reducción de la oferta legal a la aplicación de la normativa autonómica pactada con el sector para depurar el registro turístico y eliminar viviendas irregulares. No obstante, advierte de que “la combinación de la barrera estatal a la comercialización introducida desde julio de 2025 y la moratoria municipal vigente ha acelerado la salida de oferta legal sin evidencia de mejora en el acceso a la vivienda”.
Críticas a la gestión municipal
La presidenta de la asociación, Silvia Blasco, sostiene que las decisiones adoptadas han tenido consecuencias económicas tangibles. “Además de representar al sector del alojamiento turístico, disponemos de capacidad efectiva para aportar inteligencia aplicada a la gestión de destinos. Los datos demuestran que, cuando se reduce de forma drástica la oferta legal, cae el gasto turístico y se resiente el tejido económico local. Dénia no puede permitirse políticas que, en la práctica, traten de arrinconar al que sigue siendo su principal motor económico», afirma.
En la misma línea, añade: “Pedimos al Ayuntamiento que abandone los enfoques ideológicos y empiece a tomar decisiones basadas en evidencias”.
Más población y transformación residencial
El informe también señala que, paralelamente a la caída de la oferta turística reglada, Dénia ha registrado un incremento de población en los últimos años. Según la asociación, este crecimiento no respondería a un proceso de expulsión de residentes, sino a una transformación en la composición socioeconómica del municipio.
Entre los factores destacados figuran el aumento de las compraventas de vivienda, el mayor peso de la segunda residencia, la llegada de propietarios con mayor capacidad adquisitiva y los desplazamientos hacia áreas periféricas como el entorno del Montgó.
APTURCV interpreta estos datos como indicios de un cambio estructural vinculado principalmente a dinámicas del mercado inmobiliario y a la movilidad residencial, más que a la actividad turística reglada.
Respuesta del equipo de Gobierno
En respuesta a dichas peticiones e informe, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, ha defendido la gestión del equipo de gobierno en materia de vivienda en una entrevista en el programa Maracostumbrados de Dénia FM 92.5. «Hemos prorrogado los certificados únicamente en el casco urbano y siempre de la mano del empresariado (AETHMA)», apunta el munícipe.
Asimismo, Grimalt ha hecho referencia a este mismo informe compartido por parte de APTURCV: «En Dénia hay cerca de 500 viviendas turísticas legalizadas, que recordamos esto lo aporta Generalitat Valenciana, no es cuestión del ayuntamiento». Y añade: «Si alguien quita cerca de 800 viviendas del mercado, porque no cumplen los requisitos que deben cumplir, es cuestión de la Generalitat. Queremos regular esta situación para que sea más transparente para la ciudadanía, nada más».
